Este miércoles, el Senado de Paraguay discutirá seis solicitudes de informes dirigidas a diversas entidades estatales en relación con el caso Ueno y los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña, así como el Banco Central del Paraguay (BCP). Estas solicitudes incluyen un nuevo requerimiento al BCP sobre preguntas clave que no fueron respondidas anteriormente.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista, ha presentado estos seis pedidos, los cuales se centran principalmente en la composición y los registros de 68 empresas, en su mayoría vinculadas al grupo Vázquez. Se espera que estos requerimientos sean abordados en la sesión ordinaria del Senado, que podría realizarse con una nueva mayoría oficialista tras la ruptura de Honor Colorado.
Uno de los pedidos es crucial para el caso Ueno-BCP, ya que busca que la entidad bancaria aclare cuestiones que dejó sin respuesta en su primera declaración. Se solicita al BCP que informe sobre el inicio y la magnitud de los excesos reconocidos en relación con Ueno Bank, así como detalles sobre la duración de estos excesos y si se cumplió alguna de las causales de regularización establecidas por la Ley No. 2334/2003.
El BCP había reportado previamente que Ueno incumplió los límites legales de créditos a empresas vinculadas, lo que llevó a un sumario contra sus directivos. Filizzola exige aclaraciones sobre si se solicitó un «Plan de Regularización» a Ueno y qué antecedentes existen desde 2020 respecto a otras entidades financieras que podrían haber sido beneficiadas de manera similar.
Además, se requiere información sobre la venta de cartera de Ueno Bank a Vinanzas S.A., así como si esta operación contribuyó a reducir el exceso reconocido por el BCP. Ueno vendió una parte de su cartera de deudas por un total de US$ 35.000.000 y G. 36.900.000.000, aunque se desconoce si fue una transacción efectiva o meramente contable.
Los otros cinco pedidos de informes están dirigidos a diferentes ministerios y entidades, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Se busca obtener datos sobre 68 empresas, entre las que se encuentran Ueno Bank y otras vinculadas al grupo Vázquez, que habrían accedido a préstamos millonarios sin cumplir con los requisitos normales.
La información solicitada permitirá verificar la operatividad de estas empresas y contrastar registros de empleados con los aportantes del Instituto de Previsión Social. También se requiere información sobre el RIEL y el REPSE de estas empresas.
Asimismo, se debatirá una resolución que insta a la remoción de los miembros del directorio del BCP, comenzando por su presidente, Carlos Carvallo. Aunque esta declaración no es vinculante, sería un mensaje político significativo para el presidente Peña, quien ha manifestado que no planea realizar cambios en el BCP durante su mandato. Carvallo ha sido objeto de críticas, dado que fue presidente de Ueno antes de la llegada de Peña al poder.