Ante la escasez de medicamentos en el sistema de salud pública y los altos precios en el mercado local, la acción de amparo constitucional contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) ha emergido como una solución para pacientes, especialmente aquellos que enfrentan el cáncer. Estas acciones judiciales se han vuelto cruciales para garantizar la continuidad de tratamientos médicos que, de no ser mantenidos, podrían resultar devastadores para la salud de los afectados.
Las demandas se dirigen tanto al MSPBS como al Instituto de Previsión Social (IPS), basándose en los derechos a la vida y a la salud, consagrados en la Constitución Nacional. En junio, Isaías Fretes, entonces presidente del IPS y actual ministro de Salud, informó que en los últimos cinco años se han adquirido medicamentos solicitados por amparo por un valor aproximado de G. 11.000 millones.
Desde mayo de 2025 hasta agosto de este año, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Rafael Luis Ávila Macke, ha promovido 1.438 acciones de amparo relacionadas con el acceso a medicamentos. Estas acciones se fundamentan en la necesidad de proteger de manera rápida y efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando están en riesgo.
Los medicamentos más solicitados incluyen Teriparatida, Etarnecept y Upadacitinib, entre otros. Las investigaciones en farmacias locales revelan que los precios de estos fármacos oscilan entre G. 3 millones y G. 38.670.000 por unidad, lo que evidencia la dificultad para que muchos pacientes puedan costear sus tratamientos.
Por ejemplo, el Rituximab, utilizado en ciertos tipos de cáncer, tiene un costo que ronda G. 3.594.800 por una caja de 100 mg/10 ml. El Denosumab, empleado para prevenir complicaciones óseas en pacientes con metástasis, cuesta aproximadamente G. 2.500.000 por inyección. La falta de acceso a estos medicamentos puede poner en riesgo tratamientos y afectar gravemente la calidad de vida de los pacientes.
A pesar de que la acción de amparo busca garantizar el acceso a estos tratamientos, no siempre se cumplen las sentencias favorables. En ocasiones, el cumplimiento se ve obstaculizado por la falta de recursos para adquirir los medicamentos. Esto ha llevado a que algunos afectados soliciten la remisión de sus casos a la Fiscalía para investigar posibles desacatos al fallo judicial.
El defensor del Pueblo ha destacado que el incumplimiento no se debe a una negativa del MSPBS, sino a la carencia de recursos. «El tiempo es lo que nos apremia. No podemos denunciar desacato, porque ellos están haciendo todo lo posible», afirmó Ávila. A pesar de la urgencia, hay casos en que el cumplimiento de las órdenes judiciales se prolonga más de 90 días.
En busca de soluciones, Ávila se encuentra en diálogo con el ministro de Salud y el director jurídico para impulsar la compra de medicamentos. «Estamos trabajando para disminuir las acciones de amparo. Hay interés en solucionar esta problemática», concluyó el Defensor del Pueblo.
