En Alto Paraguay, numerosas obras públicas se encuentran abandonadas a pesar de las millonarias inversiones que se realizaron, totalizando más de G. 13.000 millones en fondos públicos que podrían haber mejorado las condiciones de vida de los pobladores, principalmente en el sector salud. Maquinarias costosas, adquiridas para estos proyectos, están actualmente en desuso, abandonadas entre malezas.
José Domingo Adorno, exgobernador del departamento de 2018 a 2023, es señalado por la falta de finalización de obras clave, como el muelle y atracadero de Bahía Negra, cuya construcción debía costar cerca de G. 5.000 millones. La obra, iniciada en 2019, fue abandonada en 2022, para ser retomada brevemente y luego dejada nuevamente sin concluir.
Otra obra emblemática es un dispensario médico en la comunidad indígena de María Elena, cuyo costo ascendió a G. 690 millones. Se pagaron G. 521 millones, pero la construcción no fue completada y hoy permanece desierta, utilizada como almacén por los pobladores del lugar.
La construcción de una iglesia en Toro Pampa también se encuentra estancada, habiéndose asignado G. 700 millones que no han resultado en ningún avance. Asimismo, se destinaron G. 2.000 millones para la compra de maquinaria pesada, la cual igualmente se encuentra inoperativa y olvidada.
En 2018, se adquirieron máquinas trituradoras de piedra a G. 600 millones cada una. A pesar de su alto costo, nunca se utilizaron para el mejoramiento de caminos, permaneciendo en estado de abandono y con sus piezas saqueadas. También se compró, con G. 800 millones, una purificadora de agua que solo sirvió unos meses, pues su capacidad de producción era insuficiente.
El nuevo gobernador, Arturo Méndez, quien asumió en 2023, no ha sido acusado de dejar obras inconclusas, aunque ha enfrentado críticas por la calidad de algunas construcciones. En varias localidades, se han realizado obras de cementado de calles bajo su administración, pero los pobladores critican la falta de un diseño adecuado, lo que provoca inundaciones y problemas en la circulación vehicular. En Puerto Sastre, por ejemplo, se invirtieron G. 1.226 millones para cuatro cuadras de cemento, mientras que en Bahía Negra se destinaron G. 3.842 millones para 11 cuadras, de las cuales apenas se construyeron 300 metros, generando descontento entre los ciudadanos.
