Una mujer denunció haber recibido amenazas de muerte y hostigamientos telefónicos que, según indicó, provenían del interior del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú. El Ministerio de Justicia confirmó que, tras la denuncia, se realizó una requisa en el módulo donde se encontraba el presunto responsable y se incautaron varios objetos.
La mujer se presentó el viernes a las 12:55 en el centro penitenciario, donde comunicó al director y al Consejo Asesor que estaba siendo amenazada. Identificó a un recluso del módulo N.º 6, planta alta, como el autor de las amenazas. Ante la gravedad de la situación, el director del penal ordenó una requisa con apoyo de agentes de la Policía Nacional.
Durante la operación, se encontró un teléfono celular, una tarjeta SIM, un cargador y un objeto punzante, una planchuela de hierro de aproximadamente 25 centímetros envuelta en una tela azul. La mujer también proporcionó el número desde el cual había recibido las amenazas.
Un miembro del Consejo Asesor realizó una llamada al número indicado por la denunciante, y el celular incautado respondió a esa llamada, lo que fue considerado un elemento importante en la verificación del caso. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no atribuye judicialmente las amenazas al recluso, aunque lo identifica como presunto responsable a partir de la denuncia.
Como medida de precaución, las autoridades decidieron trasladar al recluso al módulo N.º 8, planta baja, donde permanecerá bajo un régimen cerrado especial. Los objetos incautados están sujetos a un proceso administrativo y podrían ser enviados a las autoridades competentes para su investigación.
El Ministerio de Justicia también anunció la apertura de un sumario administrativo para esclarecer cómo ingresó el teléfono celular al penal y cómo llegó a manos del interno. Además, se investigará cualquier posible complicidad de funcionarios o agentes penitenciarios en el ingreso de estos elementos prohibidos.
La institución reafirmó su política de «tolerancia cero» ante la tenencia de objetos prohibidos en los centros penitenciarios, asegurando que se tomarán las medidas necesarias para individualizar responsabilidades y aplicar las sanciones pertinentes.