Esta mañana, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, fue ratificada en su cargo por el presidente Pedro Alliana y anunció medidas urgentes para salvaguardar los derechos de los trabajadores afectados por la crisis de Ueno Bank y las empresas del Grupo Vázquez. En su declaración, la ministra subrayó que el Gobierno está enfocado en atender a las familias impactadas, implementando operativos de control en las empresas implicadas.
Recalde precisó que durante las inspecciones realizadas el jueves y viernes, se verificó el cierre de todas las empresas relacionadas, lo que ha afectado a unas 7.000 personas, aunque estas siguen figurando como empleadas en las planillas oficiales. La ministra indicó que desde que comenzaron a recibir a los trabajadores, han atendido a más de 3.050 personas, trabajando en la centralización de sus reclamaciones.
La situación se complica ya que los trabajadores no pueden ser desvinculados legalmente debido a que las empresas se encuentran inactivas y no tienen representantes legales disponibles. Esto les impide presentar su renuncia, lo cual ha sido objeto de análisis por parte del Ministerio de Trabajo.
Un tema crucial es la cláusula de exclusividad en los contratos de trabajo, que prohíbe buscar nuevas oportunidades laborales durante seis meses. La ministra mencionó que el Ministerio de Trabajo ha emitido un dictamen técnico para liberar a estos trabajadores de dicha restricción, permitiéndoles postularse a nuevos empleos.
La Ley también garantiza el derecho a indemnizaciones laborales, que son considerados créditos privilegiados, lo que significa que los trabajadores tienen prioridad para cobrar lo que les corresponde frente a otros acreedores. Ante la preocupación sobre la pérdida de la cobertura médica debido al embargo de cuentas de las empresas, el MTESS está buscando asegurar que los derechos de los trabajadores queden protegidos.
Finalmente, Mónica Recalde anunció que se contempla la posibilidad de vender activos de las empresas afectadas para cubrir las deudas laborales reconocidas por la autoridad competente, subrayando que esta es la medida que se propone para garantizar que los trabajadores perciban sus indemnizaciones.