El diputado Raúl Benítez (Independiente) ha solicitado el enjuiciamiento y destitución del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, al acusarlo de ser cómplice del encubrimiento de la fortuna del expresidente Santiago Peña y su supuesta vinculación con el caso Ueno Bank. Durante su intervención en la Cámara Baja, Benítez afirmó que Rolón es un “cómplice directo” de la quema de archivos relacionados con Peña.
La oposición se encuentra en la fase de elaboración de un posible libelo acusatorio contra Rolón y podría incluir también al contralor Camilo Benítez y al subcontralor Armindo Torres, quienes no señalaron irregularidades en el significativo incremento patrimonial de Peña, que incluía una bóveda de alta seguridad en su residencia de San Bernardino. Benítez destacó que Rolón es “la pieza fundamental” en el proceso hacia la impunidad del exmandatario, advirtiendo sobre la pérdida total de recursos públicos.
El legislador criticó la lentitud de la Fiscalía para congelar activos y realizar acciones básicas como la incautación del teléfono de Peña, y subrayó que aún no se han iniciado investigaciones contra miembros cercanos al expresidente, como la exprimera dama Leticia Ocampos y su hermano Manuel Peña. Rolón, aceptando su “inutilidad”, reconoció que retrasaron la retención del teléfono debido a la abrumadora cantidad de información disponible.
Benítez recordó que desde que se presentó una denuncia formal por parte de diputados opositores el 2 de octubre de 2025, pasaron 379 días antes de que se abriera una causa contra Peña, indicando que la Fiscalía tuvo tiempo suficiente para llevar a cabo investigaciones más exhaustivas. Según el diputado, la fortuna de Peña creció más de un 1600% y otros datos relevantes, como su mansión y el caso de los “Sobres del poder”, no recibieron la atención necesaria por parte de Rolón.
El fiscal general también delegó a la Contraloría General de la República la tarea de examinar la correspondencia de bienes, y los funcionarios involucrados aseguraron no haber encontrado inconsistencias. Benítez señaló que el Estado ha creado un “esquema delictivo” mediante la manipulación de normativas y leyes, y exigió un compromiso político del Congreso para erradicar esta situación.
Además, Benítez y su colega Johanna Ortega (Partido País Solidario) han solicitado una reunión urgente con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, para discutir la cantidad de fondos públicos que se encuentran en riesgo a raíz del caso Ueno. A través de un documento, argumentaron que el Congreso necesita información directa de la autoridad económica para ejercer su función de control, especialmente en el contexto de los recursos públicos.
