La democracia necesita parlamentarios que fiscalicen, cuestionen y exijan explicaciones. La crítica a la gestión pública es legítima y necesaria. Sin embargo, esa potestad pierde fuerza cuando quien reclama transparencia pretende que su propia trayectoria quede al margen del escrutinio ciudadano.
La ética parlamentaria no puede funcionar con una regla para los adversarios y otra para los propios antecedentes. La transparencia debe ser una exigencia universal, aplicable a instituciones, empresas, autoridades y, especialmente, a quienes ejercen cargos de representación popular.
El caso de la exministra de Salud y actual senadora Esperanza Martínez vuelve a colocar esta discusión sobre la mesa. Durante su administración al frente del Ministerio de Salud se registraron cuestionamientos, auditorías y denuncias relacionados con compras, manejo de medicamentos y otros procesos administrativos. La Contraloría General de la República documentó observaciones, serios hechos de corrupción y favorecimientos en dependencias del Ministerio durante el período en que Martínez ejercía como ministra.
Uno de los antecedentes más relevantes está relacionado con medicamentos adquiridos durante aquella etapa y que posteriormente terminaron vencidos. Un informe oficial del Ministerio de Salud señaló, entre otros casos, que 142.467 unidades de biperideno adquiridas en 2010 vencieron, generando un perjuicio económico calculado en más de G. 2.635 millones; también consignó pérdidas por otros medicamentos y mencionó específicamente 5.056 unidades de cisplatino de 50 mg que terminaron desperdiciadas.
Asimismo, en 2012 la Fiscalía investigó una denuncia por supuestas sobrefacturaciones, medicamentos vencidos y obras inconclusas en Salud Pública. Y en 2013 fueron imputados varios exfuncionarios por una investigación relacionada con compras irregulares de medicamentos oncológicos; entre ellos estaba un exviceministro que había ejercido durante la administración de Martínez.
Estos antecedentes no equivalen por sí mismos a una condena penal contra la exministra, y esa diferencia es fundamental en cualquier debate serio. Pero tampoco pueden ser borrados de la memoria pública cuando se analiza la coherencia entre el discurso de una autoridad y su propia historia administrativa.
Porque una cosa es investigar, fiscalizar y formular preguntas; otra muy diferente es pretender que los antecedentes documentados de una administración desaparezcan simplemente porque transcurrieron los años.
La salud pública no admite discursos selectivos
En materia sanitaria, la discusión adquiere una dimensión todavía más delicada. Los recursos destinados a medicamentos, tratamientos y atención médica no representan solamente cifras presupuestarias: detrás de cada partida existen pacientes, familias y personas que dependen de que el Estado administre correctamente los recursos disponibles.
Por eso, cuando se detecta que medicamentos fueron adquiridos en cantidades que posteriormente generaron vencimientos y pérdidas económicas, la sociedad tiene derecho a preguntar qué ocurrió, quién tomó las decisiones, qué controles fallaron y qué responsabilidades fueron determinadas por las autoridades competentes.
La exigencia de transparencia no debe convertirse en una herramienta de confrontación política. Debe convertirse en una obligación permanente.
Un parlamentario que fiscaliza a otros también debe aceptar ser fiscalizado. Una autoridad que exige explicaciones debe estar dispuesta a brindar explicaciones sobre su propia gestión. Y quien reclama rendición de cuentas debe comprender que la ciudadanía también tiene derecho a exigirla.
La coherencia es parte de la ética pública
El verdadero problema no es que un parlamentario cuestione una gestión. Cuestionar es parte de su función constitucional. El problema aparece cuando la crítica se transforma en descalificación personal, cuando se pretende impedir beneficios sociales o sanitarios sin fundamentos verificables, o cuando los intereses políticos terminan colocándose por encima del derecho ciudadano a recibir servicios de calidad.
La sociedad paraguaya necesita algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más exigente: autoridades coherentes.
La ética pública comienza cuando desaparece el doble estándar.
No puede exigirse transparencia a los demás mientras se pretende sepultar los antecedentes propios. No puede hablarse de defensa del pueblo ignorando las consecuencias que tuvieron las decisiones administrativas del pasado. Y tampoco corresponde utilizar acusaciones de corrupción como arma política sin que existan investigaciones, pruebas y decisiones de las autoridades competentes que las sustenten.
La historia de la administración pública debe servir para aprender, corregir y evitar que los mismos errores vuelvan a repetirse.
En democracia, nadie está por encima del escrutinio ciudadano. Ni el Gobierno, ni la oposición, ni los parlamentarios, ni las instituciones públicas, ni quienes administran recursos privados destinados a prestar servicios de interés social.
La transparencia no puede ser una consigna utilizada solamente cuando conviene.
Debe ser una conducta.
Y la ética parlamentaria tampoco puede limitarse a discursos desde la tribuna. Debe expresarse en la conducta, en la rendición de cuentas, en el respeto a los hechos y, sobre todo, en la responsabilidad de recordar que detrás de cada decisión pública existe un destinatario final: el ciudadano paraguayo y su derecho a vivir con dignidad, acceder a la salud y recibir una administración honesta y eficiente de los recursos que pertenecen a todos.