La Junta de Calificaciones del Servicio Diplomático y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó hoy los ascensos y rotaciones de funcionarios de carrera tanto en el servicio local como en el exterior. La sesión estuvo presidida por Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores.
En la reunión también participaron destacados miembros del ámbito legislativo y del Ministerio, incluidos el senador Antonio Barrios y el diputado Juan Manuel Añazco, así como el viceministro Víctor Verdún y el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, Alcides Albariño Barrios. El secretario general del Ministerio, Óscar Báez, también estuvo presente.
El informe oficial indica que las decisiones de la Junta serán presentadas al presidente de la República, Santiago Peña, quien deberá firmar un decreto para hacer efectivas las rotaciones. Sin embargo, la implementación de estas designaciones dependerá de la disponibilidad presupuestaria y financiera del país.
Cabe mencionar que esta es la primera gran rotación del año en el servicio diplomático y consular, que se había llevado a cabo anteriormente en junio mediante el Decreto Nº 6275.
Entre los cambios al servicio exterior, se designó al embajador Alberto Esteban Caballero Gennari al Consulado General en San Pablo, Brasil, y a la embajadora Nilda Fátima Acosta Garcete a la Embajada en Rusia como encargada de negocios. Asimismo, el embajador Adolfo Raúl Leguizamón Giménez asumirá el Consulado en Guaíra, Brasil.
Por su parte, en el servicio local, el embajador Luis Fernando Avalos Giménez será trasladado del Consulado General en San Pablo, Brasil, mientras que el embajador Víctor Hugo Peña Bareiro dejará su puesto en la Embajada en Rusia. También se realizarán cambios en otras posiciones, incluyendo el Consulado General en Montevideo y en varias embajadas en Europa y América.
La Junta de Calificaciones continúa desempeñando un papel crucial en la administración y asignación de funciones dentro del servicio diplomático del país, asegurando que se sigan los protocolos establecidos y que las decisiones se alineen con las necesidades del estado.