Exjueza Tania Irún enfrenta juicio oral por prevaricato en la entrega de tierras en el Chaco
El Tribunal de Sentencia fue conformado para juzgar a Tania Carolina Rosa Irún Ayala, exjueza en lo Civil y Comercial, acusada de presunto prevaricato por la entrega de 310.000 hectáreas de tierras en una zona de seguridad fronteriza. La decisión de llevar el caso a juicio fue ratificada por la Cámara de Apelaciones el pasado junio.
El tribunal está compuesto por Rossana Maldonado, Juan Francisco Ortiz y Lourdes Garcete. Este proceso se origina a partir de una resolución judicial emitida el 14 de abril de 2025, que admitió la acusación presentada por la fiscala Soledad Machuca. La Cámara de Apelación, en su fallo del 18 de junio, rechazó el recurso defensivo, permitiendo que el juicio prosiga.
La acusación sostiene que Tania Irún emitió una sentencia en 2018 que favoreció a entidades cuyos vínculos no fueron verificados adecuadamente. En su rol, dictó la Sentencia Definitiva N° 494, ignorando la existencia de posibles socios o representantes de otros países en la transferencia de estas tierras.
El Ministerio Público alega que su accionar representa una clara violación de derechos y un apartamiento de lo estipulado por la Ley N° 2532, lo que generó sospechas de parcialidad en su actuación como magistrada. Las acusaciones abarcan desde la tergiversación de normativas hasta un posible conflicto de intereses.
Irún Ayala fue removida de su cargo en noviembre de 2021 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en un proceso que también incluyó la revisión de los actos de otros camaristas que ratificaron su fallo. Sin embargo, estos últimos fueron absueltos de los cargos en su contra.
El caso ha atraído la atención pública no solo por la magnitud de la implicación legal, sino también por su conexión con la cuestión de la posesión de tierras en Paraguay, un tema sensible en el contexto rural y fronterizo.
Este juicio plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones judiciales y la transparencia en la administración de justicia, temas que han sido recurrentes en el debate nacional. Se espera que el proceso se lleve a cabo de manera pública, garantizando el derecho a un juicio justo.
La audiencia de juicio oral se celebra en un momento crítico para el sistema judicial, donde la confianza en la imparcialidad de los jueces está en juego. La resolución del caso podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el ámbito judicial paraguayo.
