Gobierno desmarca a militante colorado vinculado a ataques contra periodistas en Paraguay

El presidente Santiago Peña ha respondido a las acusaciones que vinculan a su gobierno con Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui, militante del Partido Colorado. Durante una conferencia de prensa, Peña aseguró que Villaverde no trabaja para el Estado y que es falso que tenga oficina en Mburuvicha Róga, a pesar de su previa colaboración en la campaña electoral.

Peña admitió conocer a Villaverde, pero insistió en que se trata de un simple “simpatizante” del partido. Sin embargo, la respuesta del mandatario ha sido recibida con escepticismo, ya que varios informes apuntan a un papel significativo que tuvo Villaverde dentro de la estructura del partido, particularmente en la administración de redes sociales.

Historial controvertido de Villaverde

Documentos y fuentes digitales han revelado que Villaverde fue un actor clave en la gestión de las redes sociales de Peña y del actual vicepresidente, Pedro Alliana, durante la campaña presidencial. Su cercanía con la cúpula de Honor Colorado ha alimentado las dudas sobre su papel en la administración actual.

Según registros de la Contraloría General de la República, Villaverde ocupó cargos en la Secretaría de la Juventud y, más tarde, en el área de Comunicación Social de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desde donde fue relevado en enero de 2024.

Una red de ataques documentada

Investigaciones han demostrado que Villaverde formó parte de una red que llevó a cabo ataques en plataformas digitales. Un informe reveló que el 69% de los ataques dirigidos en YouTube y el 47% en Meta fueron orientados a la prensa independiente del país.

La presión sobre el gobierno

La administración de Peña se enfrenta a presiones crecientes por estas revelaciones. Tanto la oposición como grupos de derechos humanos han demandado una investigación independiente sobre el uso de recursos públicos en campañas de desinformación y ataques a la libertad de prensa.

Borrado de evidencias

Las denuncias sobre la eliminación masiva de evidencias han suscitado preocupaciones en la sociedad civil. Activistas han instado al gobierno a garantizar la transparencia y el respeto por el trabajo de los medios de comunicación, aún más en un contexto en el que la credibilidad institucional está bajo fuego.

El futuro de la relación entre el gobierno de Peña y la oposición se torna incierto, ya que las tensiones continúan aumentando en medio de un entorno político cada vez más polarizado. Ante este panorama, muchos se preguntan qué acciones tomará el Ejecutivo para contener las críticas y restablecer la confianza pública.