El Ministerio Público ha solicitado G. 1,29 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, lo que equivale a alrededor de US$ 199 millones, superando en aproximadamente US$ 72 millones los US$ 127 millones propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El fiscal general, Emiliano Rolón, presentó esta solicitud ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) el lunes, enfatizando la necesidad de fondos para edificios propios y equipos que mejoren la investigación de delitos.
Rolón destacó que los recursos solicitados no solo están destinados al pago de salarios, sino también para crear espacios adecuados para el análisis de pruebas y la atención a las víctimas. «Lo que hoy discutimos y desde hace unos años no es más que el presupuesto ordinario», afirmó ante los legisladores. La propuesta incluye servicios básicos, alquileres, obras en sedes regionales, así como tecnología especializada y capacitación. Además, mencionó la pérdida del poder adquisitivo en los últimos cinco años, pidiendo mejoras salariales para secretarios fiscales y auxiliares.
El 90% de los locales del Ministerio Público son alquilados, muchos en edificios antiguos que no son adecuados para las tareas fiscales. Rolón propuso utilizar 38 predios recibidos por donaciones de gobernaciones y municipios para construir sedes propias, con un plan de expansión en los próximos cinco a diez años en localidades como Concepción, Pedro Juan Caballero, Mariscal Estigarribia y Filadelfia.
Uno de los proyectos urgentes es la finalización del edificio de once pisos en Encarnación, que requiere US$ 5 millones para su terminación y adecuación tecnológica. Este edificio atendería a los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Misiones, y contará con espacios para psicología y medicina forense.
La inversión necesaria para laboratorios forenses y morgues se estima en G. 13.598 millones por cada cabecera departamental, que incluiría un laboratorio forense básico, una morgue y un depósito de evidencias. Cada laboratorio tendría un costo de G. 7.000 millones, mientras que la morgue de 170 metros cuadrados costaría G. 1.360 millones, sumando otros gastos operativos mensuales.
Rolón también indicó que el Ministerio Público cuenta con aproximadamente 6.000 funcionarios, de los cuales cerca de 350 son fiscales. Para una población de 7 millones de habitantes, estima que se requieren al menos 700 fiscales, señalando que la falta de personal limita la capacidad de respuesta ante causas penales.
El informe presentado por Rolón revela que hay postergaciones acumuladas por cerca de G. 1,3 billones en comparación con los recursos asignados entre 2023 y 2026. Se identificaron once áreas con necesidades urgentes de inversión, que incluyen violencia familiar, atención a niños y adolescentes, crimen organizado, delitos económicos y lucha contra la corrupción, entre otros.
Finalmente, Rolón enfatizó que los gastos destinados al funcionamiento cotidiano del Ministerio no han variado significativamente en los últimos años, y su solicitud para el PGN 2027 busca obtener más recursos para mejorar la atención de las causas y construir las instalaciones necesarias para la investigación penal.