La Cámara de Diputados de Paraguay no logró iniciar su sesión ordinaria, acumulando así su raboneada número 41 por falta de quórum. Sin embargo, en una sesión extraordinaria posterior, lograron agotar el orden del día, aunque los temas tratados fueron de escasa relevancia.
Entre los asuntos aplazados se encontraban proyectos significativos, como el establecimiento de un “programa de trabajo penitenciario autogestionado”, la garantía de cobro a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner, y la suspensión temporal de la creación de nuevos cargos en el sector público, con excepciones para servicios esenciales.
En cambio, la Cámara sancionó sin mayor debate un proyecto de ley que eleva hasta seis años las penas por “denuncia falsa”, en base al dictamen de la Comisión de Legislación, presidida por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, Nuevo Liberalismo). Este proyecto había suscitado controversia en su primera presentación, pues se temía que pudiera desincentivar denuncias en casos de violencia contra la mujer, aunque en esta ocasión no se discutió y fue aprobado rápidamente.
Además, se ratificó la figura de la “composición prevista” en el Código Penal, que incluye una compensación económica para quienes sean declarados víctimas de una denuncia falsa.
En otro asunto, se aprobó una media sanción para declarar en estado de emergencia vial la avenida Tsunesaburō Makiguchi, que conecta Luque y Limpio. La aprobación se dio a pesar de la oposición inicial del líder de la bancada de Honor Colorado, Miguel del Puerto, quien finalmente accedió tras la insistencia del diputado proyectista Pedro Gómez (PLRA, Nuevo Liberalismo), quien mostró imágenes del mal estado del tramo.
También se sancionó el proyecto de ley que declara la corrida de toros, conocida como Torín, como patrimonio cultural y tradicional de Paraguay. La decisión ahora queda en manos del presidente Santiago Peña, quien deberá decidir sobre su promulgación o veto, tras un debate sobre el posible maltrato animal vinculado a esta práctica.
Finalmente, se dio por concluido un proyecto que buscaba sancionar a gobernadores cartistas por mal manejo de fondos del programa de alimentación escolar Hambre Cero. Los diputados aceptaron el veto del Ejecutivo al proyecto que no modificaba la ley vigente, que ya había sido previamente vetada por el Senado, asegurando así que esta iniciativa no prosperara.