El pedido fue formulado durante los alegatos finales por la fiscala Patricia Sánchez, quien interviene junto con Luz Guerrero y Christian Benítez. Para el Ministerio Público, la etapa probatoria permitió sostener su acusación y establecer contradicciones entre la documentación académica presentada y los antecedentes universitarios examinados durante el juicio.
¿Qué sostiene la Fiscalía sobre el título de Hernán Rivas?
La tesis fiscal parte de la documentación utilizada para acreditar que Rivas cursó Derecho en la Universidad Sudamericana. Según los antecedentes incorporados al proceso, el exlegislador declaró haber realizado la carrera entre 2010 y 2015 y haber presentado su tesis en 2016. Posteriormente apareció un certificado de estudios fechado el 12 de mayo de 2018 y un título de abogado expedido el 6 de marzo de 2020.
El título fue registrado ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020. Ese mismo día, Rivas juró como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), después de haber sido designado para esa función por la Cámara Baja. El Ministerio Público sostiene que la documentación académica fue utilizada precisamente para acreditar la condición profesional necesaria para acceder a ese espacio institucional.
La Fiscalía también cuestionó durante los alegatos la ausencia de elementos primarios que, según su exposición, deberían respaldar una trayectoria universitaria: fichas de inscripción, actas de exámenes, constancias de asistencia y registros vinculados con la tesis. A esto sumó contradicciones sobre las sedes donde Rivas habría cursado la carrera, con referencias a Luque, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este.
¿Cómo llegó el título de Rivas hasta el Jurado de Enjuiciamiento?
La relevancia institucional del caso no se limita al documento académico. El título fue utilizado para obtener su registro ante el MEC y posteriormente para acreditar su condición profesional ante otras instituciones.
La cronología incorporada al proceso muestra una sucesión particularmente estrecha. El 3 de junio de 2020, la Cámara de Diputados designó a Rivas como representante ante el JEM. El 8 de junio ingresó al MEC la solicitud para registrar su título y el 9 de junio se autorizó el registro. Ese mismo 9 de junio, Rivas juró ante el JEM.
El siguiente paso fue la matrícula profesional. El 11 de junio de 2020, Rivas solicitó su matrícula de abogado ante la Corte Suprema de Justicia y finalmente juró como abogado en julio de 2021. El Ministerio Público sostiene que esa cadena de actuaciones demuestra cómo la documentación cuestionada fue adquiriendo efectos jurídicos dentro de distintas instituciones del Estado.
El episodio tuvo además una consecuencia política posterior. Rivas fue elegido presidente del JEM el 10 de julio de 2023 y permaneció en el cargo hasta el 2 de agosto de ese año. El JEM es un órgano constitucional con atribuciones sobre el enjuiciamiento de magistrados y fiscales, por lo que la discusión sobre las condiciones requeridas para integrar ese organismo adquiere una dimensión institucional que excede el expediente académico.
¿Qué delitos se discuten en el juicio contra Rivas?
La acusación se refiere a dos hechos punibles: producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
El artículo 251 del Código Penal establece para la producción mediata de documentos públicos de contenido falso una pena de hasta tres años de prisión o multa, con posibilidad de aumento hasta cinco años cuando concurren determinadas circunstancias previstas en la propia norma. El artículo 252 establece que el uso de determinados documentos públicos de contenido falso puede ser castigado conforme al régimen previsto para su producción.
Por eso, el pedido fiscal de 12 años debe entenderse dentro de la acusación concreta y de la forma en que el Ministerio Público plantea la responsabilidad penal por los hechos atribuidos, y no como una condena ya establecida. La decisión corresponde exclusivamente al Tribunal de Sentencia, que todavía debe valorar los argumentos de la defensa y emitir su fallo.
Existe además un antecedente procesal relevante. En marzo de 2026, un tribunal de apelación había confirmado la prescripción de uno de los hechos y dictado el sobreseimiento definitivo. El Ministerio Público recurrió esa decisión y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Auto Interlocutorio N.º 133 del 7 de mayo de 2026, anuló las resoluciones de apelación y dispuso la continuidad del proceso en juicio oral.
¿Qué impacto institucional tiene el caso Hernán Rivas?
El expediente coloca bajo escrutinio la cadena mediante la cual una acreditación académica puede producir efectos dentro de organismos públicos: registro ante el MEC, matrícula profesional ante la Corte Suprema y acceso a un órgano constitucional como el JEM.
El Ministerio Público sostiene que la documentación cuestionada terminó respaldando una condición profesional que permitió a Rivas ocupar funciones para las cuales la calidad de abogado tenía relevancia. La discusión jurídica, por tanto, alcanza a la relación entre documentación pública, controles administrativos y acceso a cargos institucionales.
El caso también expone una cuestión vinculada con la seguridad jurídica y la confianza en los mecanismos de certificación estatal. El Ministerio Público informó en abril de 2026 que había decidido continuar una investigación relacionada con el título atribuido a Rivas para profundizar diligencias sobre la eventual falsedad de documentos y la posible participación de otras personas en su emisión, validación, registro y utilización.
Para las instituciones públicas, el punto de fondo es cómo se verifica la autenticidad de los documentos que habilitan el ejercicio de determinadas funciones. Para el sistema de justicia, en cambio, la cuestión inmediata es determinar si las pruebas producidas durante el juicio alcanzan para demostrar, más allá de la acusación fiscal, la responsabilidad penal del procesado.
¿Cuándo se conocerá la decisión sobre Hernán Rivas?
El juicio oral se encuentra actualmente en la fase de alegatos finales. El Tribunal de Sentencia está integrado por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta, y los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. El colegiado comunicó que el juicio está previsto para finalizar el 24 de septiembre.
La defensa de Rivas, encabezada por la abogada Alba Zaracho, tendrá que presentar sus argumentos finales antes de que el tribunal adopte una decisión. Hasta entonces, el pedido de 12 años de prisión constituye una pretensión del Ministerio Público y no una condena.
El desenlace tendrá además una dimensión institucional: el tribunal deberá determinar si los hechos y documentos examinados durante el juicio permiten establecer responsabilidad penal y qué consecuencias corresponden conforme al marco jurídico aplicable.
Un título, varios controles y una decisión pendiente
El caso Hernán Rivas pasó de una controversia sobre la autenticidad de un título universitario a una causa que involucra al MEC, la Corte Suprema, la Cámara de Diputados y el JEM. La secuencia documentada muestra que una acreditación académica cuestionada pudo tener efectos en distintos niveles de la estructura estatal.
Ahora, la última palabra corresponde al tribunal. La Fiscalía ya fijó su posición con un pedido de 12 años de prisión; la defensa tendrá su oportunidad de responder y los jueces deberán resolver a partir de las pruebas incorporadas al juicio.
