El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, solicita un aumento presupuestario al presidente Santiago Peña, quien enfrenta denuncias penales. Durante una reunión, Rolón advirtió sobre una grave escasez de recursos y personal en el Ministerio Público, subrayando que esto afecta la eficacia de las investigaciones en Paraguay.
La reunión entre el fiscal General y el presidente se desarrolló en un contexto crítico para el Ministerio Público. Rolón resaltó que la institución ha enfrentado una «asfixia financiera» durante los últimos diez años, periodo en el que sus funciones han aumentado sin que el presupuesto correspondiente se ajustara a esta nueva realidad.
En su exposición, Rolón solicitó un incremento mínimo del 62% en el presupuesto del Ministerio Público. Esta cifra responde a la necesidad urgente de mejorar los recursos disponibles para la adecuada operación de la entidad, cuya labor es fundamental para el mantenimiento del estado de derecho en el país.
Uno de los puntos más preocupantes que mencionó el fiscal es la falta de personal especializado. Actualmente, el Ministerio Público requiere cerca de 350 fiscales adicionales para poder hacer frente a la carga de trabajo y garantizar una respuesta efectiva a los casos en curso.
Además, Rolón indicó que la tecnología con la que cuenta la institución es obsoleta, lo que retrasa considerablemente las investigaciones. Esta situación se agrava con la escasez de peritos y recursos en los laboratorios forenses y morgues, llevando a que los procesos judiciales se prolonguen innecesariamente.
Por otra parte, el fiscal también criticó las deficiencias en la planificación financiera y ejecución del presupuesto, que han contribuido a la situación crítica en la que se encuentra el Ministerio Público.
Este llamado de atención llega en un momento en que el presidente Santiago Peña se enfrenta a serias acusaciones. Desde septiembre de 2025, dos denuncias penales han sido presentadas contra él, vinculadas al escándalo conocido como los «sobres del poder», que también ha llevado a la atención pública sobre su administración.
La próxima respuesta de Peña a esta solicitud podría marcar un punto decisivo en la lucha contra la impunidad y la mejora del sistema judicial en Paraguay, donde la solidaridad y la colaboración entre poderes son esenciales para avanzar en la justicia.