Un grupo de exmiembros de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay, conocidos como los bomberos “azules”, ha denunciado la falta de avances en un caso penal contra la actual directiva de la institución. La denuncia, presentada ante la Fiscalía especializada en Delitos Económicos, fue trasladada a la Fiscalía ordinaria de Luque, bajo la supervisión del agente Jorge Escobar. Los denunciantes cuestionan el manejo de los recursos financieros que reciben del Estado.
Jorge Recalde, abogado de los denunciantes, afirmó que la causa incluye varias figuras delictivas relacionadas con la administración de los fondos de la institución, tales como lesión de confianza, producción de documentos falsos y estafa al patrimonio público. Recalde destacó que varios representantes de cuerpos de bomberos afirmaron no haber firmado la recepción de un cupo de combustible que supuestamente se les envió, y que se han encontrado documentos no auténticos en la rendición de cuentas presentada al Ministerio de Economía.
Además, el abogado señaló que muchas de las obras de infraestructura mencionadas en la rendición de cuentas son, según las fotografías presentadas, «obras fantasma», ya que no se realizaron o ya estaban completadas anteriormente. Recalde también mencionó que el manejo irregular de los recursos ha beneficiado a la actual directiva en detrimento del Estado.
La denuncia también sugiere la posible existencia de una asociación criminal, argumentando que la directiva opera en un esquema de rotación interna de cargos, lo que impide que la administración salga de su control. Este conflicto ha derivado en sanciones y destituciones arbitrarias de cuarteles que han cuestionado la gestión financiera, como el caso de Emmanuel Son Lee, ex presidente del cuerpo de bomberos de Encarnación, quien fue desafiliado tras exigir informes sobre el uso de los fondos.
En respuesta a las acusaciones, el presidente de la Junta Nacional, Gustavo Francisco Alcaraz, rechazó las afirmaciones de los denunciantes, asegurando que carecen de sustento jurídico. Alcaraz afirmó que la causa no avanza porque los denunciantes no tienen legitimidad activa, ya que los recursos son del Estado y la Junta está trabajando conforme a las normativas. Además, indicó que cualquier observación sobre los fondos corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas.
El presidente también defendió la transparencia en las rendiciones de cuentas, explicando que los fondos son distribuidos a los cuarteles y que la Junta no realiza compras directamente. En cuanto a las acusaciones sobre obras fantasma, Alcaraz aseguró que toda la infraestructura está debidamente documentada y que los informes de la Contraloría corroboran que no existen irregularidades.
Finalmente, el abogado de la Junta Nacional, Enmanuel Araujo, argumentó que la falta de avances en la causa se debe a la inexistencia de los hechos punibles denunciados y reafirmó que están dispuestos a colaborar con el Ministerio Público en todo momento.