CAPITÁN BADO. Una denuncia presentada ante el Ministerio Público abrió una investigación sobre un procedimiento ocurrido el jueves 24 de septiembre, alrededor de las 07:00, en un establecimiento ganadero ubicado en la colonia Aguará Veve, jurisdicción de Capitán Bado.
El denunciante, Isidro Ayala Ortega, manifestó ante la Fiscalía que un grupo de aproximadamente 20 militares, a quienes identificó como presuntos integrantes del Comando de Defensa Interna (CODI)–Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), llegó al establecimiento a bordo de tres camionetas y posteriormente lo habría trasladado contra su voluntad hasta una zona boscosa situada a unos 1.000 metros de su vivienda.
Denuncia una retención de aproximadamente cuatro horas
De acuerdo con la declaración brindada por Ayala Ortega en carácter de víctima, habría permanecido retenido durante aproximadamente cuatro horas en el interior de una zona boscosa.
Según su relato, durante ese periodo los intervinientes presuntamente le exigían que reconociera como suyos determinados elementos que se encontraban en el lugar.
La denuncia también señala que, durante el procedimiento, habrían sido llevados dos teléfonos celulares, uno de ellos un iPhone 13 y el otro de la marca Samsung, además de G. 7.000.000 en efectivo.
La Fiscalía abrió una carpeta investigativa
La fiscala María Ester, de la Unidad Fiscal de Capitán Bado, confirmó que el Ministerio Público tomó intervención en el caso y abrió una carpeta investigativa.
La representante fiscal explicó que Ayala Ortega ya prestó declaración testifical en carácter de víctima y que la investigación se encuentra en una etapa inicial.
Uno de los principales objetivos de la pesquisa será establecer quiénes participaron efectivamente del procedimiento, además de determinar las circunstancias en que se produjo el ingreso al establecimiento y el posterior traslado del denunciante.
Buscan determinar si existió comunicación oficial del procedimiento
Otro de los puntos que deberá ser esclarecido es si la intervención contó con una comunicación previa al Ministerio Público y bajo qué circunstancias se desarrolló.
La fiscala explicó que los organismos que realizan procedimientos y controles en la zona fronteriza habitualmente comunican sus intervenciones al fiscal de turno. Sin embargo, en este caso deberá determinarse si esa comunicación existió y cuál fue el fundamento de la intervención denunciada.
También deberá establecerse quiénes se encontraban prestando servicio en la zona durante la jornada en que ocurrieron los hechos.
“Hay muchas cosas que investigar todavía”, manifestó la representante del Ministerio Público, al remarcar que la investigación recién se encuentra en sus primeras diligencias.
Se deberán identificar a los participantes
A partir de la denuncia, el Ministerio Público deberá solicitar los informes correspondientes, determinar qué personal militar se encontraba desplegado en la zona y establecer si los hechos denunciados se ajustaron a los procedimientos establecidos.
Asimismo, deberán ser esclarecidas las circunstancias relacionadas con la presunta privación de libertad y la supuesta sustracción de los teléfonos celulares y del dinero en efectivo denunciados por Ayala Ortega.
Por el momento, los hechos corresponden exclusivamente al relato y denuncia presentada por el afectado y permanecen sujetos a investigación fiscal. La apertura de una carpeta investigativa no constituye una determinación de responsabilidad penal contra las personas o instituciones mencionadas.
El avance de las diligencias permitirá determinar qué ocurrió efectivamente durante el procedimiento y si existieron o no irregularidades en la actuación denunciada.