La denuncia presentada por Luz Candado y su familia busca determinar la responsabilidad penal de la exprimera dama Leticia Ocampos, junto a miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios que llevaron a cabo despidos y pruebas poligráficas en la residencia presidencial. Los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Juan Pablo Mendoza representan a Candado en esta acción.
Candado, quien trabajó para la familia Peña Ocampos desde diciembre de 2019, acusó a Ocampos de omitir los aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Tras su nombramiento como coordinadora en Mburuvicha Róga en agosto de 2023, surgieron graves conflictos relacionados con hallazgos de grandes sumas de dinero. En octubre de 2024 y febrero de 2025, se encontraron paquetes con efectivo que Candado afirma entregó a Santiago Peña, quien reconoció la propiedad de los fondos.
Sin embargo, tras un reclamo de Ocampos por un problema de seguridad, el entonces presidente Peña acusó a Candado de una supuesta desaparición de dinero en julio de 2025. Al día siguiente, ella y su familia fueron sometidos a pruebas de polígrafo por efectivos militares, sin que se les mostraran informes ni registros del procedimiento. Posteriormente, todos fueron despedidos sin un proceso administrativo adecuado.
Los abogados denunciaron al fiscal general Emiliano Rolón Fernández y a Santiago Peña por coacción grave, lesión grave y frustración de la persecución penal. Se afirma que la actuación de Rolón fue deliberada para proteger al entonces presidente. La denuncia fue acompañada de evidencias documentales y testimoniales que permanecieron sin atención por parte de la Fiscalía durante catorce meses.
Candado hizo públicos los hechos en septiembre de 2025, lo que llevó a la presentación formal de dos denuncias ante el Ministerio Público. La denuncia enumera violaciones a la Constitución y tratados internacionales, señalando posibles delitos ocurridos en el proceso. También se alega que el estrés derivado de la situación provocó la reactivación de problemas de salud que padece la denunciante.
Ante el riesgo de pérdida de pruebas, los abogados solicitaron medidas urgentes, incluyendo el secuestro de documentos y grabaciones del circuito cerrado de la residencia presidencial, así como la identificación de los poligrafistas involucrados. La petición de acciones judiciales persiste en un contexto de tensiones políticas y judiciales que rodean el escándalo conocido como «Los Sobres del Poder».
