El Dr. Alberto Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema, informó sobre la omisión de 1.418 abogados en el Registro Electoral. Ante esta situación, se aprobó la creación de un anexo para asegurar su inclusión y se modificará parcialmente el calendario electoral.
El presidente de la Corte Suprema, Dr. Alberto Martínez Simón, admitió que un error humano ha llevado a que un número considerable de abogados no aparezca en el padrón electoral. Esta situación ha generado preocupación en el ámbito legal, ya que afecta la representatividad en las próximas elecciones del Consejo de la Magistratura.
Martínez Simón comunicó que un total de 1.418 abogados están en la lista de omitidos. Este fallo, atribuido a funcionarios del Poder Judicial, implica que la situación deberá ser corregida para garantizar el derecho al voto de estos profesionales.
El presidente de la Corte explicó que la omisión se originó durante la elaboración del prepadrón electoral y enfatizó la necesidad de un enfoque que promueva la «participación amplia» en el proceso electoral. Este planteamiento busca incluir a todos los abogados que, por error, quedaron excluidos.
A pesar de este contratiempo, el Dr. Martínez Simón aseguró que la fecha de la elección, programada para el 28 de noviembre de 2026, se mantendrá sin cambios. Sin embargo, se introducirán modificaciones parciales en el calendario electoral para permitir la inclusión de los profesionales omitidos.
“Es esencial que todos los actores relevantes tengan la oportunidad de participar”, subrayó el presidente de la Corte. Además, hizo hincapié en que este proceso de regularización permitirá que los reclamos sean atendidos de manera equitativa y justa.
El Dr. Martínez Simón instó a los abogados afectados a estar atentos a las decisiones que se tomarán en los próximos meses. El objetivo es que, a pesar de las dificultades iniciales, el sistema electoral se ajuste para reflejar la realidad del cuerpo profesional.
Con este anuncio, las autoridades buscan no solo corregir el error, sino también preservar la integridad y la legitimidad del proceso electoral que se aproxima, optimizando la participación de todos los profesionales del derecho en el país.