20 de junio de 2026 a la – 09:00
Conflicto legal marca la construcción de la ruta D025 entre Aeropuerto y Roque Alonso
La empresa CDD Construcciones SA enfrenta un conflicto legal tras su intervención en un terreno privado en la construcción del proyecto de ampliación de la ruta D025, que conecta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con Mariano Roque Alonso. El dueño del terreno ha denunciado que la empresa ingresó sin autorización y ha presentado su caso a las autoridades competentes.
La obra, que se extiende a lo largo de 6,03 kilómetros, se encuentra en un tramo en el que la superficie afectada por la expropiación se estimó en 995 m², con un valor tasado de más de G. 1.250 millones por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Óscar Fernández Scifó, abogado del propietario, asegura que la firma CDD ha mostrado interés en formalizar su intervención solo ahora, enviando un borrador de acta notarial para solicitar autorización de acceso al terreno. Sin embargo, según la denuncia, la empresa ya había iniciado obras sin haberlo hecho previamente.
Se ha informado que la Fundación Pública de Inversión y Desarrollo (FPTI) debía desembolsar los recursos a CDD, y esta última tendría la responsabilidad de transferir el monto correspondiente al propietario. A pesar de que el abogado afirma que la fundación transfirió los fondos hace dos meses, el propietario todavía no ha recibido el pago correspondiente.
El conflicto ha sido denunciado ante la Fiscalía de Luque, que lleva el caso ampliado, y los daños ocasionados en el terreno aún no han sido atendidos por ninguna de las partes involucradas, incluyendo al MOPC y la FPTI.
El abogado alegó que la empresa no solo accedió sin permiso, sino que también realizó trabajos de canalización y descargó agua en el terreno afectado, obligando al propietario a volver a cercar su propiedad para resguardar su integridad.
Controversia en la contratación pública
Es importante destacar que esta obra fue adjudicada mediante un mecanismo que ha suscitado críticas por evadir los controles establecidos en la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas. Aunque el proyecto cuenta con el respaldo del MOPC, el proceso de licitación no lo gestionó esta entidad, lo que ha generado cuestionamientos sobre su transparencia.
La obra original fue adjudicada a CDD Construcciones SA por G. 167.063 millones (más de 28 millones de dólares). Sin embargo, el costo actualizado ha ascendido a G. 208.817 millones (31,7 millones de dólares), representando un incremento del 25%, que excede el límite del 20% permitido por la normativa aplicable.