Este jueves, Atome PLC presentó formalmente un Aviso de Controversia contra el Estado paraguayo, marcando el primer paso hacia un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por un monto que podría alcanzar los 665 millones de dólares. Este anuncio resalta una denuncia previa, que había sido presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) el 28 de diciembre de 2022, casi tres años antes de que la situación alcanzara este punto crítico.
Documentos revisados indican que la controversia no surge únicamente de la revocación de decretos en 2026, sino de un contrato firmado en 2022, cuyas condiciones legales ya habían sido cuestionadas. Sin embargo, no hay constancia de que la CGR haya emitido una resolución sobre este asunto. El exviceministro de Minas y Energía, Ricardo Canese, declaró que esto pone de manifiesto el «espíritu saqueador» de la empresa y acusó de falta de investigación sobre el problema central, a pesar de la denuncia formal presentada casi cuatro años atrás.
El contrato, firmado el 3 de mayo de 2022, entre el entonces presidente de la ANDE, Félix Eladio Sosa Giménez, y el directivo de Atome, James Edward Spalding Hellmers, estableció un acuerdo para el suministro de energía eléctrica a la planta industrial de Villeta. Este contrato, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2032, fija una potencia reservada y aplica tarifas que no corresponden a las específicas para industrias electrointensivas, según lo estipulado en el Decreto N.º 7.551/2017, vigente al momento de la firma.
La denuncia ante la CGR, firmada por agrupaciones como “Itaipú 2023, Causa Nacional”, calcula un daño patrimonial de 117 millones de dólares durante la vigencia del contrato, al comparar tarifas aplicadas y costos de energía. La denuncia sostiene que la ANDE estaría vendiendo energía por debajo de su costo de generación, lo que violaría su Carta Orgánica.
Canese vinculó la actual disputa internacional con la denuncia previa, afirmando que la CGR no tomó acciones al respecto. Además, extendió la responsabilidad a los expresidentes Mario Abdo Benítez y Santiago Peña, señalando que ambos han contribuido a un esquema tarifario cuestionado.
El Aviso de Controversia de Atome se fundamenta en la revocación de decretos de 2026, que la empresa considera vital para su financiamiento internacional. Sin embargo, la controversia sobre la legalidad de la tarifa pactada es anterior y sigue sin resolución pública. Si la CGR hubiera determinado que la tarifa era ilegal, el marco de protección ahora reclamado por Atome podría haber sido objetado desde el principio por el propio Estado paraguayo.
El Decreto N.º 7551/2017 estableció un marco tarifario preferencial para industrias electrointensivas, fijando estructuras y valores de venta de energía. Sin embargo, este decreto fue derogado a través del Decreto N° 5306/2026, que actualizó las categorías de consumo para reflejar mejor los costos reales y la demanda sobre el sistema de la ANDE.