Comuneros de Catacaos viajan a Chiclayo para denunciar despojo de tierras vinculado al Sodalicio ante el Papa
Un grupo de aproximadamente veinte campesinos del pueblo originario tallán, que habitan la comunidad de San Juan Bautista de Catacaos en la costa norte de Perú, se trasladó este sábado en autobús a la ciudad de Chiclayo para hacer pública la pérdida de sus tierras comunales. Esta movilización coincide con la gira del Papa Francisco por Suramérica, durante la cual los comuneros buscan que el pontífice escuche su relato sobre el despojo sufrido a manos de empresas ligadas a la ya disuelta pero aún influyente organización católica conocida como el Sodalicio.
Según relatan los mismos afectados, desde diciembre de 2011, grupos armados arribaron a sus territorios para establecer proyectos empresariales dedicados al cultivo de frutos, cercando tierras que, por tradición ancestral y documentación histórica, pertenecen a la comunidad de manera comunal y no deberían ser objeto de compra o venta sin consentimiento colectivo. Luis Inga, uno de los comuneros, explica que no han existido asambleas que autoricen la transferencia de esos terrenos, lo que confirma la ilegalidad del proceso.
Estas tierras son para ellos mucho más que un espacio físico: representan su identidad y modo de vida ancestral, donde se desarrollan actividades como la apicultura y la crianza de ganado. Sin embargo, además del despojo, han enfrentado años de hostigamiento judicial con múltiples denuncias infundadas por parte de las empresas involucradas. Tania Pairona, presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú, participó en la rueda de prensa en Chiclayo junto a víctimas del Sodalicio, subrayando la criminalización que sufren los comuneros y el limitado apoyo institucional.
El Sodalicio, un movimiento católico ultraconservador disuelto por el mismo Papa Francisco debido a múltiples denuncias que incluyen abusos sexuales y de poder, conserva sin embargo estructuras económicas vigentes. Expertos y periodistas como Paola Ugaz advierten que la organización mantiene influencia en sectores de la Iglesia y continúa con actividades lucrativas, como la gestión de cementerios con exenciones fiscales.
La viuda de Guadalupe Zapata Sosa, quien fue asesinada en 2011 tras la llegada de estos grupos a Catacaos, participó en la convocatoria para exigir justicia y reparación, demandando al Vaticano y a las autoridades locales que tomen medidas concretas. El Vaticano ha solicitado a Perú la investigación de la Asociación Civil San Juan Bautista, entidad vinculada al Sodalicio y a estas empresas, por presunto lavado de activos, aunque el proceso judicial enfrenta trabas y rechazo de amparos.
Los comuneros de Catacaos denuncian la persistente indefensión ante un Estado que no ha garantizado su protección, y confían en que la intervención del Papa contribuya a visibilizar y atender esta problemática. Este caso pone de manifiesto la compleja intersección entre el abuso de poder eclesiástico, la justicia local y la defensa de los derechos territoriales de pueblos originarios en Perú.
