La Cámara de Senadores reanudó este viernes el juicio político contra el presidente renunciante Santiago Peña, con la solicitud de este de una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el centro del debate. La sesión extraordinaria, iniciada a las 10:30, se enfrentó a posiciones divididas entre legisladores que apoyan y quienes se oponen al pedido de ampliación del plazo.
Peña argumentó que el tiempo asignado para presentar su descargo es insuficiente, señalando que recibió la notificación del proceso y un extenso expediente a las 22:15 del jueves. La resolución sobre esta solicitud quedó a consideración del pleno de la Cámara Alta, lo que ha generado un intenso debate.
El diputado liberal Rodrigo Blanco, uno de los fiscales acusadores, afirmó que es responsabilidad de los senadores decidir si conceden o no la prórroga. Algunos senadores creen que proporcionar más tiempo podría garantizar el derecho a la defensa y prevenir futuros cuestionamientos legales, mientras que otros argumentan que el proceso debe seguir su curso.
Entre quienes apoyan la prórroga se encuentra la senadora liberal Celeste Amarilla, quien sugirió que un plazo de 48 horas permitiría asegurar un debido proceso. Por otro lado, el senador liberal Líder Amarilla calificó de «chicana» la solicitud de Peña y sostuvo que los plazos son fijos e improrrogables, pidiendo que el juicio continúe sin retrasos.
El senador opositor Rubén Velázquez también se mostró crítico de la solicitud, sugiriendo que Peña sólo busca ganar tiempo. Según él, existen las mayorías necesarias para avanzar en el enjuiciamiento sin conceder la prórroga. En este contexto, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que consultaría a los líderes y vicelíderes de bancada antes de tomar una decisión.
El proceso de juicio político se formalizó tras la aprobación del libelo acusatorio en la Cámara de Diputados, que obtuvo 78 votos a favor y designó a ocho legisladores como fiscales en el caso. La sesión del Senado estuvo destinada a formalizar la acusación y establecer el cronograma para las próximas etapas.
Para su defensa, Peña ha confirmado que será representado por los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Ferreiro tiene experiencia en juicios políticos, habiendo defendido al expresidente Fernando Lugo en 2012.
La crisis provocada por Ueno Bank, cuya incapacidad de solvencia llevó al Banco Central del Paraguay a interceder, fue el detonante del juicio político. La situación generó manifestaciones ciudadanas y políticas, impulsando el libelo acusatorio en contra de Peña por presunto mal manejo de su administración.
A pesar de haber presentado su renuncia a la presidencia, la falta de quórum en la sesión bicameral que debía tratarla impidió su aceptación, por lo que Santiago Peña continúa en el cargo de forma formal.
