Según un comunicado de las organizaciones Itaipú Causa Nacional e Itaipú es también soberanía/PPP, la Resolución P/N.° 52.552/2026 de la ANDE fue emitida tras el fracaso del Ejecutivo en establecer tarifas para centros de datos mediante los decretos 5.306 y 5.860/2026. Estas organizaciones afirman que el presidente Santiago Peña instruyó a Miguel Báez, titular de la ANDE, a emitir la nueva norma.
La resolución establece un costo de aproximadamente US$ 48,9 por MWh, con un ajuste por la devaluación del dólar, lo que en la práctica se traduce en una tarifa fija a precios constantes durante los próximos 15 años. Solo se contemplaría una revisión si el costo medio de generación de la ANDE aumenta más del 30% en un período de dos años, aunque no habría un reajuste automático, lo que significaría que las empresas electrointensivas tendrían que negociar revisiones tarifarias integrales.
Los firmantes comparan esta tarifa con el costo actual de la energía de Itaipú, que Paraguay cede a Brasil a US$ 50 por MWh, compuesto por US$ 37,4 de costo de energía garantizada y US$ 12,6 de compensación. Afirman que, considerando pérdidas de transmisión y otros gastos, la tarifa técnica real podría ser de hasta US$ 91,2 por MWh, casi el doble de lo que pagaría Araico/Crusoe.
Además, critican la cláusula de reajuste, que sigue la inflación de EE.UU. o un 2,5% anual, advirtiendo que el dólar ha perdido un 39,6% de su valor entre 2016 y 2026, lo que hace que el ajuste propuesto sea insuficiente. En términos de empleo, citan que la firma HIVE genera solo 0,83 empleos por MW contratado, en contraste con las 360.000 empresas del país que generan 3,3 millones de empleos, equivalentes a 741 empleos por MW.
Las organizaciones también alertan sobre la posibilidad de que la resolución abra la puerta a otros centros de datos, con 1.300 MW ya instalados en criptominería y solicitudes por otros 6.300 MW, incluyendo memorandos con Taiwán y X8-Cloud. La demanda eléctrica ha crecido un 6% anual hasta 2022 y se espera que llegue al 17,9% en 2026, lo cual podría agotar el excedente hidroeléctrico para 2030.
Los firmantes advierten que, tras 2030, el costo de la energía solar podría alcanzar US$ 200 por MWh y la generación fósil más de US$ 100, lo que aumentaría significativamente la tarifa técnica de la ANDE hasta US$ 143,2 por MWh, generando un subsidio superior a US$ 3.500 millones que recaerá sobre la población. También critican que la ANDE no aplique el costo incremental, argumentando que sin la energía regalada, la hidroelectricidad habría cubierto la demanda hasta 2040.
El comunicado hace referencia a regulaciones en otros países, mencionando que en EE.UU. se aprobó la Ratepayer Protection Act, que obliga a las tecnológicas a asumir el costo total de la ampliación de la red. En Argentina, la Resolución N.° 264/2026 exige a quienes consuman más del 0,5% de la potencia instalada autogenerar al menos el 80% de su energía mensual. En Brasil, se requiere que los centros de datos cubran el 100% de su demanda con autoproducción.
Por último, los firmantes cuestionan por qué el Gobierno no exige condiciones similares y afirman que Peña y Báez violaron la Carta Orgánica de la ANDE al fijar tarifas por debajo del costo. Piden una investigación de oficio y que los responsables respondan por los daños al Estado, advirtiendo que los tratados de protección de inversiones extranjeras podrían amparar a las empresas involucradas.