El Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta una creciente presión tras revelarse que posee aproximadamente US$ 345 millones en fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank, una entidad actualmente bajo investigación por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a irregularidades. La situación ha llevado a varios gremios a exigir el retiro de estos fondos, señalando preocupaciones sobre la seguridad social y la estabilidad financiera del país.
Durante una conferencia de prensa, representantes de centrales obreras solicitaron un “diálogo social” con el gobierno. Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores, destacó la urgencia de abordar la crisis de la seguridad social, que está afectando tanto a los trabajadores como a la población en general. «La cuestión financiera siembra dudas sobre el futuro», afirmó.
Asimismo, se recordó que el presidente Santiago Peña firmó convenios para que el Estado salde una deuda histórica de cerca de US$ 500 millones, con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad social. Sin embargo, Ávalos manifestó que estos acuerdos no están siendo cumplidos y denunció la corrupción que afecta al sector laboral.
Bernardo Rojas, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, también participó en la conferencia y lamentó que el diálogo social en el país no esté generando resultados positivos para los trabajadores. La falta de acción efectiva ha llevado a la desconfianza en las instituciones.
Por otro lado, se plantearon críticas hacia la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Se denunció que la designación de su actual titular, Griselda Mariel Figueredo de Giménez, fue manipulada por intereses vinculados al Banco Central, lo que ha generado inquietudes sobre la independencia de la supervisión de la seguridad social.
Los líderes sindicales advirtieron sobre la inestabilidad bancaria actual, comparándola con la crisis de la década de 1990, y expresaron su temor de que los fondos del IPS corran peligro. «Los bancos están en las puertas de caer», afirmaron, sugiriendo que esto podría resultar en la pérdida de los ahorros de los jubilados.
Además, se criticó la burocracia del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), que, según los sindicalistas, limita la libertad sindical al obstaculizar el reconocimiento de sindicatos por razones menores. La falta de una política salarial efectiva también fue señalada como un factor que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.
Finalmente, Ávalos advirtió que si el gobierno ignora sus demandas de diálogo social, los trabajadores tomarán medidas para hacerse escuchar, incluyendo la organización de un congreso unitario para reunir a todos los sectores interesados en la causa nacional.