La senadora Zenaida Concepción Delgado, quien asumió su cargo en junio de 2023 representando inicialmente a la Cruzada Nacional y luego se unió al Partido Colorado, enfrenta serias acusaciones que podrían llevar a la pérdida de su investidura. En su declaración jurada, presentada poco después de asumir, declaró un patrimonio neto cercano a los 660 millones de guaraníes, pero sus deudas han despertado inquietudes.
Delgado reportó cuatro significativos créditos, incluyendo uno de la Caja de Jubilación de la Cámara de Senadores por 432 millones de guaraníes, lo que plantea interrogantes sobre su situación financiera a tan solo 16 días de haber asumido. Los gastos fijos mensuales por pagos de créditos alcanzan los 16.600.000 guaraníes, mientras que sus egresos totales, considerando otros gastos, superan los 33 millones. Esto es preocupante dado que su salario y gastos de representación suman 32.775.640 guaraníes, lo que implica que sus deudas son mayores que sus ingresos.
En cuanto a sus bienes, Delgado reportó tener 7 millones de guaraníes en un banco y 320 millones en efectivo, además de una vivienda valorada en 783.500.000 guaraníes en Luque. Sin embargo, su situación económica parece haber mejorado la de algunos familiares, como su hermano David, quien adquirió un inmueble en San Bernardino tras su llegada al Congreso.
Por otro lado, la senadora enfrenta denuncias por presuntos pedidos de dinero a funcionarias para obtener nombramientos. Leonarda Vera, una de las denunciantes, afirmó haber entregado 50 millones de guaraníes a Delgado, mientras que Lorena Gauto relató que le solicitaron 50 millones para su nombramiento, de los cuales solo logró conseguir 15 millones.
La situación de Delgado ha llevado a la senadora Yolanda Paredes y otros legisladores a presentar un pedido de pérdida de investidura, acusándola de uso indebido de influencias. La exsenadora Blanca Lila Mignarro confirmó que Delgado tiene deudas superiores a 230 millones de guaraníes con el Fondo de Jubilaciones del Congreso, además de ser codeudora por 86 millones. La controversia ha puesto en el centro del debate la ética y la transparencia en la gestión pública.
