La jueza Fernanda García de Zúñiga, presidenta del Tribunal de Sentencia, condenó a Hernán David Rivas Román, tras evidenciar irregularidades que le permitieron obtener un título de abogado sin haber cursado la carrera de Derecho. La magistrada enfatizó que el juicio se centró en determinar si la condición académica del acusado era legítima.
Durante el proceso, García de Zúñiga destacó las múltiples inconsistencias documentales que rodearon la expedición del título de Rivas. Afirmó que las declaraciones de Óscar Rodríguez Kennedy y Euclides Acevedo, quienes ocuparon roles clave en la Universidad Sudamericana, resultaron particularmente relevantes. Rodríguez Kennedy admitió haber firmado el título basándose en documentación proporcionada por la Dirección Académica, sin verificar los registros correspondientes, incluso confesando que estampó su firma desde su vehículo.
Por su parte, Euclides Acevedo, decano de Medicina, aclaró que aunque no era decano de Derecho, firmó la inscripción del título de Rivas en su calidad de rector. Sin embargo, no presentó elementos que garantizaran la verificación de los requisitos necesarios antes de su firma. Las declaraciones de Acevedo fueron contrastadas con las de Herman Weissensen y Guillermo Auto, quienes afirmaron haber trabajado junto a él en mesas examinadoras.
Un aspecto crítico del caso fue el proceso de registro del título ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), donde se reveló que la solicitud para registrar el título fue presentada el 8 de junio de 2020. Las constancias indicaron que el trámite avanzó de manera inusualmente rápida, completándose en solo seis minutos, lo que despertó sospechas sobre la regularidad del procedimiento.
La jueza García de Zúñiga también mencionó que el entonces ministro de Educación, Eduardo Petta, ordenó una auditoría interna sobre el registro del título de Rivas. A pesar de que la auditoría concluyó que el título cumplía con los requisitos, el Dr. Fernando Casañas Levi advirtió sobre graves errores en el proceso de auditoría y mantuvo su posición original sobre las irregularidades.
Las deficiencias institucionales no solo sugieren la falta de verificación adecuada de Rivas, sino que también reflejan un sistema que permitió la expedición de documentos sin el debido control. La jueza subrayó que en 2015 se emitieron 13 títulos de Derecho, pero en 2020 esa cifra descendió a seis, lo que sugiere que no había un volumen que justificara la falta de verificación rigurosa de cada caso.