Senadora Martínez exige investigación interna sobre títulos falsos en Paraguay

La senadora Esperanza Martínez, vicepresidenta de la comisión especial encargada de investigar irregularidades en la educación superior, criticó al ministro de Educación, Luis Ramírez, por no asumir la responsabilidad en el escándalo de títulos universitarios falsos. La legisladora instó a que se realice una investigación interna en lugar de enviar los antecedentes al Ministerio Público.

“Le digo al ministro: no se lave las manos de nuevo remitiendo solo al fiscal general. Haga su investigación interna. Necesitamos saber quiénes fueron los responsables”, manifestó Martínez, demandando así una acción más contundente por parte de las autoridades educativas.

Cifras alarmantes sobre títulos sin acreditación

Durante su intervención, la senadora expuso datos preocupantes: entre 2023 y 2025, se emitieron aproximadamente 164,000 títulos universitarios, de los cuales solo el 39.2% correspondía a carreras acreditadas. Esto significa que un alarmante 60.8% fue emitido por programas sin acreditación oficial.

Martínez también puso el foco en los programas de posgrado, donde la tasa de acreditación apenas alcanza el 5.1%. Actualmente, existen 101 posgrados acreditados, frente a un total de 1,970 habilitados, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar el sistema educativo.

Un enfoque en los verdaderos culpables

La senadora destacó que el objetivo de la investigación debe ser identificar a los responsables reales de estas irregularidades, que van más allá de los estudiantes que poseen títulos deficientes. “Ellos no pueden ser el objetivo principal. El foco debe estar en los dueños del negocio y sus cómplices”, afirmó Martínez.

Un llamado a la responsabilidad institucional

Martínez advirtió que no es suficiente sancionar a aquellos que únicamente poseen los títulos irregulares. “No podemos optar por el camino más sencillo, castigando solo a quienes tienen el título”, insistió, enfatizando que es imperativo investigar a las instituciones que facilitaron estas prácticas.

La legisladora reiteró que el verdadero desafío radica en abordar el sistema que permite el negocio de los títulos irregulares, protegiendo así a los estudiantes y garantizando la calidad educativa. “Es hora de que las autoridades actúen con responsabilidad”, concluyó.