Cámara de Senadores postergó ley sobre deuda a proveedores del Estado
La Cámara de Senadores postergó la revisión de una ley clave para proveedores del Estado
La Cámara de Senadores de Paraguay ha decidido aplazar el tratamiento del proyecto de Ley que modifica el artículo 279 de la Ley de Presupuesto, afectando a los proveedores del Estado. La decisión se tomó debido a la falta de quórum y la ausencia de un dictamen por parte de las comisiones pertinentes.
El proyecto, que figuraba en la agenda legislativa, fue programado para discusión el 27 de mayo de 2026. Sin embargo, la paradoja de una sesión sin quórum llevó a que la discusión se postergara sin una nueva fecha definida. Esta situación se produce en un contexto donde la falta de acuerdo ha generado incertidumbre entre los proveedores del Estado.
Durante la previa a la sesión, el senador Natalicio Chase se reunió con el ministro de Economía, Óscar Lovera. El ministro solicitó una prórroga de una semana para introducir «pequeñas modificaciones» al texto legislativo, lo que fue considerado por la comisión, decidiendo postergar la discusión.
Lovera explicó a la prensa que se encuentran en un proceso de negociación con los sectores involucrados, y enfatizó la dificultad de cancelar las deudas acumuladas en el actual presupuesto, que superan los 1.000 millones de dólares. Estas conversaciones son cruciales para definir acuerdos sobre la cesión de derechos de deudas, especialmente con proveedores importantes como las farmacéuticas.
En cuanto a los detalles del proyecto, la propuesta contiene cuatro artículos que abordan aspectos financieros significativos. Uno de los cambios centrales establece que todos los costos derivados de la cesión de derechos de cobro serán asumidos por el Estado, garantizando que los proveedores reciban el monto total de sus créditos sin descuentos.
El texto también amplía su alcance al sector de salud. Las operaciones vinculadas al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social incluirán la provisión de bienes y servicios esenciales, desde el mantenimiento de equipos médicos hasta la tercerización de servicios como limpieza y diagnósticos por imágenes, excluyendo solo aquellos servicios personales.
A medida que avanzan las discusiones, la expectativa es que un acuerdo sólido beneficie a los proveedores del Estado, permitiendo una mejor gestión de las deudas y garantizando el correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
