Wels SA obtiene contratos estatales por US$ 19,5 millones durante mandato de Peña
Peña vinculado a proveedor que obtuvo contratos públicos millonarios durante su gestión
El presidente Santiago Peña enfrenta críticas por su relación con Wels SA, una empresa que ha recibido contratos estatales por más de US$ 19,5 millones desde su llegada al poder. La Fiscalía investiga posibles irregularidades, mientras la Contraloría presenta datos que evidencian conexiones preocupantes.
Desde su entrada al gobierno en 2023, la firma Wels SA ha visto un incremento drástico en la adjudicación de contratos públicos, comenzando por uno con el Instituto de Previsión Social (IPS) por G. 9.837 millones en julio del mismo año. Esto marca un punto de inflexión, ya que antes de la administración actual, la empresa apenas figuraba en el ámbito de las contrataciones gubernamentales.
La relación entre Peña y Wels SA se remonta a 2021, bajo el nombre de Consorcio Welsan, donde la compañía operaba en conjunto con el Sanatorio San Roque SRL. Un análisis de los contratos revela que la firma ha acumulado un total de G. 121.515 millones en contratos estatales en 27 meses, lo que ha originado cuestionamientos sobre la ética de sus operaciones.
Un hecho relevante en la investigación es la condición de codeudor de Peña, que ha llamado la atención de la Fiscalía. Este elemento se presenta como fundamental para explorar cómo la empresa ha navegado a través del sector público, estableciendo un crecimiento asombroso en un corto período de tiempo.
Los contratos iniciales de Wels SA se firmaron poco después de la llegada de Peña al poder en 2023. Además, las adjudicaciones han abarcado desde la recolección de residuos patológicos hasta servicios de paisajismo, evidenciando una notable diversificación en sus operaciones.
En respuesta a las críticas, el abogado Felino Amarilla ha subrayado la necesidad de investigar a fondo el flujo de dinero y la transparencia de los negocios de Peña, destacando un presunto enriquecimiento ilícito y colusión con proveedores del Estado. Este clima de incertidumbre ha provocado reacciones tanto de la oposición como de la ciudadanía, ávida de respuestas claras.
Mientras tanto, el fiscal Jorge Arce ha sido designado para llevar la investigación, un paso que podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Peña. La situación ha intensificado el debate sobre la ética pública y la responsabilidad en la gestión gubernamental, a la espera de que las autoridades competentes den a conocer los resultados de su pesquisa.
La percepción pública se encuentra dividida, con algunos sectores defendiendo a Peña y otros pidiendo una aclaración exhaustiva del caso. La interacción entre el presidente y Wels SA continuará siendo un tema candente en el ámbito político de Paraguay.
