En el Día del Trabajador, centrales obreras pusieron sobre la mesa una agenda marcada por la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del IPS y un sistema de transporte colapsado, en medio del debate por el salario mínimo y el encarecimiento sostenido del costo de vida.
Las centrales obreras marcharon este 1 de mayo en Asunción con un mensaje directo contra la pérdida del poder adquisitivo, el salario mínimo insuficiente, el colapso del IPS, el transporte público indigno y los privilegios de la clase política. El reclamo llega en plena antesala del debate en la Conasam, donde los sindicatos piden elevar el sueldo básico hasta alrededor de G. 3.500.000 y cambiar una fórmula que, según denuncian, ya no refleja el costo real de vida.
El Día Internacional del Trabajador volvió a sacar a las calles a las centrales obreras, que este viernes 1 de mayo marcharon en Asunción para conmemorar la lucha histórica de la clase trabajadora y, al mismo tiempo, denunciar que el salario mínimo legal vigente ya no alcanza para sostener una vida digna. La movilización partió frente al Panteón de los Héroes y llegó hasta el Ministerio de Trabajo, donde los manifestantes leyeron un comunicado con fuertes cuestionamientos al Gobierno, al sector empresarial y a la clase política.
La consigna central fue clara: el salario perdió valor, la canasta familiar se disparó y los trabajadores sienten que el discurso oficial de estabilidad económica no coincide con la realidad diaria de los hogares. En la marcha se habló del salario, de la canasta básica, del horario laboral, del transporte público, del IPS y de la precarización que golpea a miles de familias. Uno de los mensajes más fuertes fue que en Paraguay se impone a la gente «sobrevivir con el salario mínimo», mientras el trabajador va a un IPS colapsado y viaja en un transporte público donde, según graficaron, se traslada «como sardina».
Una marcha contra el salario que ya no alcanza
Las centrales obreras pusieron el foco en la pérdida del poder adquisitivo y reclamaron que el reajuste salarial no se limite al índice oficial de inflación. Según los gremios, la pérdida acumulada del poder de compra ronda entre el 20% y el 25% en los últimos diez años, por lo que plantean un reajuste importante y no meramente simbólico.
El salario mínimo legal vigente es de G. 2.899.048. Los sindicatos plantean llevarlo a cerca de G. 3.500.000, con vigencia desde el 1 de julio, o aplicar un incremento mínimo del 20% para tratar de recomponer parcialmente el deterioro del ingreso real.
La movilización también tuvo un contenido histórico. En el comunicado leído frente al Ministerio de Trabajo, los trabajadores recordaron los 140 años de la gesta de los mártires de Chicago, símbolo mundial de la lucha obrera por la jornada laboral y los derechos sociales. Desde ese marco, denunciaron que conquistas históricas están siendo debilitadas por sectores empresariales y políticos.
Duro mensaje al Gobierno de Peña
El pronunciamiento también apuntó contra el Gobierno de Santiago Peña. Las centrales cuestionaron el contraste entre el relato oficial de una economía floreciente y la posterior admisión de una «economía de guerra». Para los trabajadores, ese giro expone la distancia entre el discurso de país exitoso y la situación real de la mayoría, que vive «raspando el fondo de la olla».
Los manifestantes también reprocharon que la clase política, especialmente la gobernante, siga «desenchufada de la realidad», con privilegios, salarios elevados y jubilaciones especiales, mientras los trabajadores deben enfrentar precios altos, servicios públicos deteriorados y falta de respuestas concretas.
Otro blanco fue el Banco Central del Paraguay. Los sectores obreros cuestionan los datos oficiales de inflación y sostienen que el cálculo actual no refleja el verdadero peso de alimentos, transporte, salud, vivienda y otros gastos básicos en la vida cotidiana. También criticaron que se tome solo el 26% de la canasta de alimentación en el cálculo del salario mínimo.
La pulseada por el salario mínimo
La discusión salarial llega ahora a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El Ministerio de Trabajo anunció que mayo será un mes central para debatir el reajuste y que la Conasam empezará a sesionar anticipadamente para analizar una nueva fórmula. La ministra Mónica Recalde habló de una discusión con trabajadores y empresarios basada en evidencias, y sostuvo que el Gobierno buscará «equilibrar» el debate para que el salario crezca y «la plata le alcance a la gente».
En la mesa tripartita se analiza incorporar otras variables además del IPC, como la canasta básica, la evolución del salario real, la productividad y el impacto del reajuste sobre la inflación. Hasta ahora no hay acuerdo cerrado entre trabajadores y empresarios.
Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores, sostiene que el aumento debe ser de al menos 20% para cubrir la canasta básica familiar. José Pineda, de la CUT-A, cuestiona que el IPC no condice con la realidad de los trabajadores, ya que, según el sector sindical, la canasta básica de alimentación subió alrededor de 20% en un año, la carne 25% y los alimentos en general 90% en la última década.
El sector empresarial defiende cautela
Desde el sector empresarial, Enrique Vidal, representante ante la Conasam, defiende que se respete la ley vigente, que establece el reajuste de acuerdo con la variación anual del IPC proveído por el BCP. Sostiene que ese mecanismo da previsibilidad a las empresas y que cualquier cambio de fórmula debe discutirse por ley.
Sin embargo, incluso dentro de sectores empresariales hay matices. Eugenio Caje, de Asimcopar, admitió que el IPC no refleja plenamente la realidad del consumo diario del trabajador y que la base estadística de 2017 está desactualizada, aunque pidió que cualquier cambio sea técnico, consensuado y con datos del BCP y del INE.
Combustibles, alimentos y el golpe al bolsillo
El reclamo obrero también se alimenta del fuerte impacto de los combustibles. En abril, los emblemas privados aplicaron sucesivas subas vinculadas al conflicto en Medio Oriente y a la volatilidad del petróleo internacional. Algunas remarcaciones fueron de entre G. 600 y G. 900 por litro, mientras que Petropar también terminó ajustando sus precios.
El golpe no queda solo en los surtidores. El propio informe de inflación de marzo mostró que el rubro combustible registró un aumento mensual de 9,8% y una variación acumulada de 6,7%, con impacto directo en transporte y costos de productos.
La movilización del 1 de mayo dejó así una advertencia política y social: el debate salarial no será solo una discusión técnica entre planillas, IPC y porcentajes. Para las centrales obreras, se trata de una disputa por el ingreso real, por la dignidad laboral y por la capacidad de los trabajadores de sostener a sus familias en medio de una economía que, en la calle, se siente mucho más dura que en los discursos oficiales.