El 21 de septiembre de 2004, el ambiente festivo del Día de la Juventud y la primavera en Paraguay fue abruptamente interrumpido por el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas Grau y de la exsenadora Mirta Gusinky. Este trágico episodio se convirtió en uno de los más conmovedores de la historia reciente del país, culminando con la muerte de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado meses después en un túnel en el barrio Mbocayaty de Ñemby, conocido como “La Casa del Horror”.
El exfiscal Rogelio Ortúzar, quien lideró la investigación del caso, reflexionó sobre la brutalidad y maldad humana que caracterizó el secuestro y asesinato de Cubas, señalando que el trágico desenlace parecía estar predestinado desde el inicio de los hechos. Ortúzar también destacó que, tras 22 años, ha surgido una nueva generación que no vivió el impacto directo de este crimen, lo que ha llevado a la propagación de desinformación en las redes sociales.
Un mito que fue desmentido es el de que Cecilia estaba embarazada, un rumor que la autopsia refutó, a pesar de que su cuerpo fue hallado en un avanzado estado de descomposición. A pesar de las críticas sobre la falta de conclusiones en el caso, Ortúzar subrayó que más de 30 personas han sido condenadas por su participación en el secuestro, y que algunos miembros del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se encuentran prófugos.
El secuestro de Cecilia Cubas marcó un hito en el país, consolidando la operativa de células delictivas del EPP, que instauró el secuestro extorsivo con fines políticos y económicos, un fenómeno hasta entonces inusual en Paraguay. En respuesta, el gobierno implementó una reestructuración del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional y un fortalecimiento de la cooperación con agencias internacionales.
Entre los condenados se encuentra Osmar Martínez, líder operativo del ala política de Patria Libre, quien fue sentenciado a 35 años de prisión y falleció en 2015. También Anastacio Mieres Burgos, miembro del grupo, fue condenado a la misma pena. Otros acusados, como Vaciano Acosta y José Hidalgo, enfrentan penas de entre 15 y 25 años.
Adicionalmente, Lorenzo González Martínez, un fusilero del EPP extraditado desde Brasil, cumple una condena de 28 años. Mientras tanto, varios miembros del grupo criminal, como Severiano Martínez y Osvaldo Villalba, fueron abatidos en operativos de seguridad, y otros, como Manuel Cristaldo Mieres, permanecen prófugos con órdenes de captura en su contra.