El 10 de septiembre se cumplió el plazo otorgado por la Cámara de Diputados al Ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, César Silguero, para que informen sobre la situación de las comisarías y puestos policiales del país. Hasta el momento, no han emitido respuesta, lo que genera preocupación tras el ataque al Puesto Policial N.º 4 de Colonia Naranjito, ocurrido el 21 de julio y que dejó tres muertos, entre ellos dos agentes.
El ataque, realizado por un grupo armado de al menos diez hombres, evidenció las precarias condiciones en las que funcionan muchas sedes policiales, especialmente en áreas rurales. La estructura del Puesto Policial N.º 4 era de madera y contaba con un solo vehículo para patrullaje, lo que es un reflejo de la situación generalizada en el país.
En San Pedro, por ejemplo, la comunidad ha expresado su necesidad de mejorar la infraestructura y contar con más patrulleras. Actualmente, el departamento tiene una población de aproximadamente 400.000 habitantes, con 1.171 efectivos distribuidos en 34 comisarías, 40 subcomisarías y siete puestos, de los cuales 200 están asignados a otras instituciones.
El pasado 27 de julio, se reportó que la Subcomisaría Nº 34 de Piri Pucú opera en un edificio deteriorado y carece de patrullera. En cuanto a la movilidad, San Pedro solo cuenta con 84 patrulleras operativas, lo que limita su capacidad de respuesta ante emergencias.
En el municipio de 25 de Diciembre, los vecinos del Puesto Policial Nº 9 han solicitado una patrullera, ya que actualmente solo disponen de una motocicleta, insuficiente para cubrir las necesidades de la comunidad, especialmente en épocas de lluvia.
Por otro lado, en Paraguarí, las comisarías enfrentan problemas de infraestructura, con filtraciones y goteras que han sido reportadas como comunes. A pesar de un relevamiento realizado en 2022, las mejoras han sido mínimas y muchas de las sedes siguen en condiciones críticas.
La situación es alarmante en la Comisaría Nº 31 de la colonia Oñondivepa, que se encuentra al borde del colapso. Los pobladores han reclamado la atención de la Comandancia, que está al tanto del problema, pero no ha tomado medidas efectivas.
El pedido de informe, aprobado el 4 de agosto por la Cámara de Diputados, busca respuestas sobre cuántas sedes policiales en el país requieren reparaciones urgentes. Según el diputado Hugo Meza, se estima que de las 800 sedes policiales, alrededor de 200 están en condiciones deplorables.
A pesar de las expectativas, el Ministerio del Interior no ha respondido al requerimiento, lo que plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas en un tema de seguridad pública tan crítico. La falta de respuesta podría interpretarse como un desacato a la autoridad del Congreso, un punto que ha sido objeto de debate en varias ocasiones sin que se haya legislado al respecto.