El Ministerio de Justicia (MJ) enfrenta una pesada carga de deudas por servicios básicos en el sistema penitenciario, que ascienden a aproximadamente G. 34.173 millones, equivalentes a cerca de US$ 6 millones. El titular de la cartera, Rodrigo Nicora, presentó este informe ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), desglosando que G. 9.873 millones son adeudados a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), G. 23.000 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y G. 1.300 millones a la Municipalidad de Asunción.
La senadora Celeste Amarilla cuestionó a Nicora sobre los montos adeudados y la necesidad de que la institución se ponga al día con sus obligaciones. En respuesta, el ministro indicó que la propuesta presupuestaria incluye un plan para saldar las deudas con ANDE y Essap en 2027. Nicora reconoció que la falta de pagos afecta la seguridad y el funcionamiento diario de las cárceles, aunque no presentó un calendario específico de pagos.
El senador Ignacio Iramain centró su intervención en la relación entre el presupuesto solicitado, que ronda los US$ 105 millones, y la capacidad del sistema penitenciario, que actualmente alberga a alrededor de 21.000 internos en un espacio diseñado para 14.000. Iramain solicitó datos sobre la ocupación de los establecimientos, la duración de las prisiones preventivas, así como sobre muertes bajo custodia y reincidencia delictiva. Nicora aseguró que el Observatorio de Política Criminal tiene un 90% de la información requerida y se comprometió a facilitarla.
La diputada Alexandra Zena preguntó sobre el costo mensual de mantener a cada interno, el cual Nicora estimó en G. 1.800.000, cifra que incluye gastos de personal, atención médica y servicios básicos. Zena propuso un programa de trabajo penitenciario remunerado que permitiría a los internos aprender oficios y generar ingresos para sustentar sus necesidades.
El senador José Oviedo planteó la necesidad de regularizar la situación de los contratados que perciben menos del salario mínimo. Nicora informó que en 2026, 1.439 contratados recibieron un aumento salarial, aunque no especificó cuántos permanecen por debajo del mínimo.
Respecto a las tobilleras electrónicas, Nicora afirmó que entre 190 y 200 dispositivos están instalados para proteger a víctimas de violencia familiar, con un presupuesto asignado de US$ 3 millones. Sin embargo, no se presentaron cifras sobre fallas en la señal ni tiempos de respuesta ante alertas.
Finalmente, el diputado Yamil Esgaib abogó por sanciones más severas para los agentes penitenciarios que faciliten fugas y consultó sobre la construcción de una nueva penitenciaría en el Chaco. Nicora confirmó que se están llevando a cabo conversaciones con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, para establecer un centro que ofrezca programas de reinserción a los condenados.
