El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió archivar el caso de la fiscala Mirna Isabel Rodríguez, quien había sido acusada de liberar a Jorge Ramón García Giménez, un presunto soldado de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, en enero de este año por falta de pruebas en su contra. La decisión se tomó en la sesión de hoy, luego de que el senador Mario Varela propusiera no utilizar la facultad de iniciar una investigación preliminar.
El JEM tomó conocimiento del caso el 5 de febrero de este año. Varela, quien es parte del partido ANR-Abdista, sugirió archivar el caso, una moción que fue respaldada por otros miembros como el senador Pedro Díaz Verón, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, y el consejero Enrique Berni, todos del mismo partido.
El vicepresidente 2° del JEM, César Garay, propuso iniciar una investigación preliminar, mencionando las presuntas irregularidades en la actuación de la fiscala. Sin embargo, su propuesta solo fue respaldada por la presidenta del Jurado, Alicia Pucheta.
Varela argumentó que la fiscala actuó de acuerdo con la resolución fiscal N° 1/2026 del 6 de enero, que permitía la libertad de García con la condición de que se tomaran nuevas medidas si aparecieran pruebas en su contra. García había sido detenido por estar al mando de un vehículo con chasis adulterado y denunciado como robado en Brasil, vinculado a una organización criminal.
El 9 de enero de 2026, un juez penal de Coronel Oviedo ordenó arresto domiciliario para García, quien posteriormente fue imputado por reducción y producción de documentos no auténticos. A pesar de ello, no se encontraron pruebas que lo vincularan a delitos graves como narcotráfico o crimen organizado, lo que llevó a Varela a concluir que no había razones suficientes para continuar el proceso.
En su intervención, Garay recordó que García fue detenido al conducir una camioneta que había sido reportada como robada en Brasil y que, según informes policiales, estaba relacionada con actividades delictivas. A pesar de las irregularidades encontradas, la fiscala argumentó que no había elementos que justificaran la continuación del proceso penal.
Finalmente, Garay insistió en la necesidad de investigar las acciones de la fiscala, señalando que su conducta podría haber afectado intereses públicos, especialmente en un caso que involucra delitos transnacionales.