El Instituto de Previsión Social (IPS) deberá proporcionar al exministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini, de 83 años, un implante de válvula aórtica transcatéter y los insumos necesarios para su tratamiento, según lo ordenado por el juez Édgar Agustín Rivas Laguardia del 7° Turno de la Capital. Esta decisión se toma tras el amparo constitucional presentado por Bajac, que fue respaldado por la Abg. Froilana González.
Bajac, quien es asegurado jubilado del IPS y presenta un historial médico complicado que incluye cirugía cardíaca y diabetes tipo II, argumentó que la falta de provisión del dispositivo ponía en grave riesgo su salud y vida. El 23 de septiembre, un cardiólogo del Sanatorio Migone le recomendó el implante de una nueva válvula, pero el IPS no cumplió con la provisión ni ofreció alternativas.
El 25 de septiembre, la jueza de Garantías, Cynthia Lovera, había dictado una medida de urgencia, obligando al IPS a proveer la válvula y los medicamentos en un plazo de 72 horas. Sin embargo, el IPS solicitó el rechazo del amparo el 29 de septiembre, argumentando que no había habido una negativa formal y que estaba sujeto a procedimientos de contratación pública, además de cuestionar el alto costo del dispositivo.
El juez Rivas Laguardia, tras analizar los argumentos, determinó que la burocracia interna del IPS no podía justificar la falta de atención médica urgente para Bajac. En su resolución, enfatizó que las demoras en los procedimientos administrativos no podían trasladarse a un paciente en una situación crítica.
Asimismo, el juez rechazó las acusaciones de uso abusivo del amparo, señalando que el IPS no ha implementado políticas públicas que eviten que los asegurados tengan que recurrir a la justicia para obtener atención básica de salud.
Por otro lado, es relevante mencionar que Bajac está actualmente condenado a tres años de prisión por cohecho pasivo agravado, tras haber solicitado una coima de 50.000 dólares a cambio de su voto en un litigio relacionado con la empresa Cal Agro SA. La condena quedó firme en noviembre de 2025, y las autoridades han ordenado su captura para cumplir la pena.
Durante el juicio, se demostró que Bajac había solicitado un porcentaje del monto en disputa en un caso que involucraba una indemnización de 3.700 millones de guaraníes, lo que generó un escándalo en torno a su figura.