Intendente de J. Augusto Saldívar busca reelección en medio de controversias
La Contraloría en la mira tras denuncias contra el intendente de J. Augusto Saldívar
El intendente de J. Augusto Saldívar, Diego Alonso, que enfrenta cuestionamientos por su gestión, se postula para la reelección. Mientras tanto, los concejales presentan un pedido de juicio político al contralor por su falta de acción frente a acusaciones de irregularidades.
Diego Alonso, representante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), busca extender su mandato en la administración municipal, a pesar de las crecientes denuncias de irregularidades. Desde su llegada al cargo, ha bloqueado el pago de dietas a los concejales que han criticado su labor. La falta de respuesta de la Contraloría General ante las denuncias ha generado un clima de tensión en la localidad.
Los concejales que han cuestionado la gestión de Alonso, entre ellos Derlis Espínola y Alfredo Rojas, han decidido dar un paso más y solicitar un juicio político contra el contralor, Camilo Benítez. Argumentan que la entidad no ha tomado en cuenta sus denuncias y que la falta de auditorías refuerza la percepción de impunidad en la administración municipal.
Desde 2023, los concejales han elevado múltiples pedidos de auditoría que han sido ignorados por la Contraloría. Esto ha suscitado preocupación entre los ciudadanos y ha llevado a los concejales a considerar ampliar su denuncia al ámbito judicial.
Los números son contundentes: entre enero y mayo de 2026, la administración de Alonso ha recibido un total de G. 2.528 millones, lo que suma G. 28.525 millones desde 2022. A pesar de las constantes advertencias sobre posibles irregularidades, los desembolsos se han mantenido sin interrupción.
La semana pasada, la Cámara de Diputados intervino y aprobó un pedido de informe dirigido a la Contraloría. Los diputados, incluyendo a Adrián “Billy” Vaesken y Johanna Ortega, exigen claridad sobre por qué no se ha mantenido la retención de fondos ante las acusaciones de trato discriminatorio hacia concejales opositores.
Ahora, Camilo Benítez cuenta con un plazo de 15 días para proporcionar una respuesta a las inquietudes planteadas por la Cámara. Este desarrollo podría ser decisivo para el futuro político de Alonso y la credibilidad de la Contraloría en la gestión pública.
Los acontecimientos en J. Augusto Saldívar reflejan un clima de tensión política, donde las acusaciones de corrupción y la falta de respuesta institucional se convierten en un tema relevante para los votantes a medida que las elecciones se acercan. La situación se mantiene bajo vigilancia, y los concejales continúan buscando respuestas claras a sus inquietudes.
