La agente fiscal Yeimy Adle solicitó la imputación del expresidente de Petropar, Eddie Jara Rojas, por presunto enriquecimiento ilícito, y de su exesposa, Karina Otazú, por lavado de activos, proponiendo medidas alternativas a la prisión. En un extenso acta de imputación de casi 40 páginas, se revelaron inconsistencias y operaciones financieras millonarias sin justificación, así como conexiones empresariales sospechosas.
En su Declaración Jurada de Bienes y Rentas de 2022, Jara reportó una cuenta por cobrar de G. 700 millones a Diana Paola Gamarra, aunque su capacidad acumulable al cierre de ese año era solo de G. 233.827.330, lo que genera una diferencia de G. 466.172.670. La Fiscalía sostiene que los intereses percibidos por este préstamo no justifican el origen del capital ni amortizan el monto principal. Gamarra, quien indicó que utilizó el dinero para obligaciones financieras y un emprendimiento de empanadas, no pudo demostrar ingresos suficientes para respaldar la recepción de dicha suma.
Entre 2021 y 2025, sus egresos superaron a sus ingresos en G. 1.610.886.374, lo que indica un saldo negativo al final de cada año, según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Mientras tanto, durante el mismo periodo, Petropar adjudicó un contrato a Emprendimientos del Sur S.A. para un sistema de seguridad, y realizó transferencias a esta empresa que totalizaron más de G. 4.600 millones en una semana.
Adicionalmente, se identificó un contrato entre Emprendimientos del Sur y Gamarra, que establecía un pago de US$ 200.000, aunque este fue certificado ante escribano público solo después de que se realizaron las transferencias. En un periodo de días, Emprendimientos del Sur transfirió G. 1.300 millones a Gamarra, cuyo origen y uso del dinero plantean dudas, ya que se utilizó para la compra de un inmueble en Asunción.
La investigación también reveló transferencias de otras empresas que recibieron fondos de Petropar, las cuales luego depositaron dinero en Emprendimientos del Sur. La Fiscalía presume que estas empresas están estructuralmente ligadas a Jara y su exesposa, lo que sugiere un posible esquema de enriquecimiento ilícito.
En otro caso, Jara reportó un préstamo de G. 2.800 millones a Edith Marilín Ayala de Macchi, cuya capacidad económica no justifica tal transacción. La Fiscalía encontró inconsistencias en las fechas y la documentación relacionada con un supuesto contrato de servicios por US$ 400.000 que Jara invocó para justificar el origen de esos fondos.
Además, la imputación señala que Otazú recibió y manejó fondos vinculados a las operaciones sospechosas de Jara, incluyendo transferencias significativas de personas relacionadas con él. El análisis financiero revela que, a pesar de reportar ingresos negativos, la exesposa realizó pagos millonarios y operaciones que no se justifican con su situación financiera.
La Fiscalía ha cuantificado el enriquecimiento ilícito de Jara en más de G. 5.399 millones, destacando que sus gastos en un solo mes alcanzaron G. 570.680.982 en octubre de 2025, a pesar de un salario mensual de solo G. 44 millones.
