Los exministros de la antigua Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas y Hugo Royg, discutieron la relación entre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Presupuesto General de la Nación (PGN) durante el programa Plaza Pública de Desarrollo en Democracia. Ambos coincidieron en la necesidad de mejorar los sistemas de evaluación y la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Molinas indicó que, entre 2014 y 2018, se implementó un proceso gradual para alinear los programas públicos con los objetivos estratégicos del PND 2030. Sin embargo, advirtió que esta vinculación es insuficiente para comprobar si el uso de fondos públicos genera los resultados esperados, señalando que el sistema de evaluación actual es «extremadamente débil».
Por su parte, Royg enfatizó que la planificación y el presupuesto deben reflejarse en decisiones concretas sobre la asignación de recursos. Destacó la importancia de priorizar áreas que demuestran efectividad y reducir el financiamiento a aquellas que no cumplen con sus objetivos. «El plan es un mapa, pero si no mueve la plata, no sirve de nada», afirmó.
Uno de los temas centrales del debate fue la escasez de evaluaciones en el sector público, donde menos del 2% de los programas cuentan con un análisis formal. Molinas mencionó mecanismos existentes, como evaluaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y programas respaldados por organismos internacionales, pero subrayó que no son suficientes.
En el ámbito educativo, Molinas recordó que el PND 2030 busca reducir el analfabetismo funcional entre adolescentes. Sin embargo, las cifras revelan que en 2022, el 91% de los jóvenes seguían en esta situación, y se prevé que para 2025 no haya mejoras significativas. Los resultados de la evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) mostraron una caída en el rendimiento de lectura de los estudiantes paraguayos.
Royg propuso que las evaluaciones no sean exclusivamente responsabilidad de las instituciones que ejecutan los programas, sugiriendo la participación de universidades y organizaciones externas para asegurar una perspectiva independiente. Además, defendió la necesidad de que cada proyecto estatal tenga información trazable que permita verificar su ejecución y destino.
Ambos exministros también abordaron el uso de la tecnología como herramienta para mejorar el control ciudadano sobre la gestión pública. Molinas recordó un sistema de control ciudadano que se implementó entre 2014 y 2018, que facilitaba el seguimiento del cumplimiento de los compromisos gubernamentales a nivel municipal. Sin embargo, advirtió que esta estructura ha perdido continuidad en administraciones recientes.