La Corte Suprema de Justicia (CSJ) defendió su presupuesto para el 2027 ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) el pasado lunes, enfrentándose a cuestionamientos sobre demoras en juicios y la protección de mujeres víctimas de violencia. Los legisladores expresaron preocupaciones sobre la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN) y la necesidad de controles más estrictos dentro del Poder Judicial.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez, respondió a las inquietudes y ofreció cifras sobre el estado de los procesados, indicando que un 39,6% tiene condena, mientras que el 60,4% no. Martínez aclaró que entre los no condenados hay personas que no están en prisión, lo que difiere del 70% mencionado por el senador Líder Amarilla, quien criticó la anulación de juicios que obliga a repetir actuaciones y retrasa la resolución de otros casos.
El presidente de la Corte destacó que, aunque una sentencia puede emitirse en el plazo legal, el proceso judicial completo puede extenderse por años, a menudo debido a dilaciones permitidas por las normas actuales. También mencionó la falta de jueces en algunos juzgados laborales de Asunción como un factor que contribuye a las demoras.
En relación al RUN, el diputado Emilio Pavón preguntó sobre los plazos para los trámites de propiedades, a lo que Martínez informó que se habían atendido 232.886 requisitorias entre enero y julio. Aseguró que los tiempos de espera para certificados se han reducido, y anunció un plan de digitalización de 70 millones de hojas, que se espera completar en cinco años.
El senador Ignacio Iramain pidió resultados concretos y metas para reducir los expedientes atrasados en 2027, así como información sobre audiencias suspendidas y el tiempo requerido para reprogramarlas. Aunque Martínez mencionó que la digitalización ha facilitado los procesos, no presentó cifras específicas sobre los avances solicitados.
En el contexto del caso «Mafia de los pagarés», Iramain indagó sobre los sumarios relacionados y el manejo de notificaciones irregulares. Martínez explicó que la Corte no puede levantar embargos sin la intervención de un juez, pero destacó esfuerzos por reforzar los juzgados y promover el expediente electrónico.
Respecto al caso de Hernán Rivas, se informó que su matrícula está suspendida y que su acceso al sistema electrónico ha sido cancelado, mientras que la acción de Kattya González enfrenta demoras por razones administrativas. Martínez atribuyó estos retrasos a la ampliación de la Sala Constitucional y a recusaciones de ministros.
Por último, la senadora Esperanza Martínez propuso nuevamente la creación de juzgados especializados en violencia contra las mujeres y preguntó sobre medidas de protección como tobilleras electrónicas. Martínez se comprometió a apoyar la iniciativa si es aprobada por el Legislativo y el Ejecutivo, y enfatizó que la solución al problema de violencia requiere un enfoque integral que incluya a otras instituciones. El feminicidio de Deisy Paola también fue mencionado como un motivo urgente para reforzar los controles en los Juzgados de Paz, donde se demandan respuestas más rápidas ante denuncias de violencia.