Convocan a Fiscal General tras amenazas a fiscal investigadora en Paraguay

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El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, en el centro de la polémica tras las amenazas hacia la fiscal Patricia Sánchez. Un diputado plantea una convocatoria urgente para abordar la situación del senador Hernán Rivas.

El 16 de abril de 2026, la tensión en el ámbito político de Paraguay alcanzó un nuevo nivel tras la admisión del Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, sobre la implicación del senador cartista Hernán Rivas en amenazas dirigidas hacia la fiscal Patricia Sánchez. Este hecho ha motivado al diputado independiente Raúl Benítez a proponer una convocatoria urgente ante la Cámara de Diputados.

Benítez cuestionó abiertamente la postura del Fiscal General, enfatizando la necesidad de garantizar la protección de los fiscales que están al frente de investigaciones sensibles. «No podemos permitir que la Fiscalía se convierta en un símbolo de impunidad. Esto no solo atañe a Rivas, sino a toda la institución», afirmó.

Además, el legislador expresó su preocupación respecto a la falta de respaldo hacia sus subalternos dentro del Ministerio Público, advirtiendo que esto enviaría un mensaje desalentador tanto a la clase política como al crimen organizado. «Si el Fiscal General no actúa, la señal que se envía es clara: las amenazas contra los fiscales son permisibles», sostuvo.

En medio de esta creciente controversia, Benítez también cuestionó la supuesta formación académica de Rivas, sugiriendo que no existen evidencias verificables de que haya completado sus estudios en una universidad. «No hemos encontrado pruebas de que esta universidad, de la que se habla, haya existido realmente. Es preocupante», indicó.

El conflicto se agrava por la falta de información clara al respecto, lo que alimenta la sospecha sobre la preparación y la integridad del legislador en cuestión. «Es vital que se clarifique esta situación, y que se tomen las medidas necesarias para proteger a quienes están haciendo su trabajo en la Fiscalía», añadió.

La situación actual pone de relieve no solo la vulnerabilidad de los fiscales que trabajan en casos delicados, sino también la relación entre la política y el crimen en el país. La tensión entre la Fiscalía y figuras políticas como Rivas plantea interrogantes sobre la seguridad y la integridad del sistema judicial en Paraguay.

Ante este escenario, muchos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos están siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos, esperando acciones concretas que aseguren la justicia y la protección de los funcionarios públicos involucrados en estas investigaciones. La discusión en la Cámara de Diputados promete ser un punto crucial en el desarrollo de esta alarmante situación.


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