Los senadores afines al cartismo aprobaron el juramento del senador Carlos Liseras, en medio de críticas sobre su legalidad. La oposición sostiene que esta decisión viola la constitución al no haber renunciado previamente a su cargo en Conajzar.
El reciente juramento como senador de Carlos Liseras generó un fuerte debate en el Senado paraguayo, donde la bancada cartista y sus aliados decidieron «blanquear» la situación. Varios senadores opositores han calificado el acto de «inconstitucional», argumentando que Liseras, quien aún mantiene su cargo en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), no cumplió con las normativas necesarias.
Yolanda Paredes, senadora de la oposición, manifestó que la obtención de un «permiso especial» por parte del Gobierno no exime a Liseras de renunciar a su puesto en Conajzar, situación que, según ella, crea un conflicto de intereses. Afirmó que esta incompatibilidad debe ser corregida para garantizar la integridad del cargo de legislador.
Rafael Filizzola, también del Partido Democrático Progresista (PDP), respaldó la postura de Paredes. Criticó al Poder Ejecutivo, indicando que el fallo debería recaer sobre Liseras, quien es responsable de decidir entre los dos cargos. «Este problema no es del Senado, sino del Ejecutivo», expresó Filizzola.
El debate se volvió más acalorado a medida que las intervenciones avanzaron. Liseras, en su defensa, descalificó al constitucionalista Hugo Estigarribia, a quien acusó de ser un «constitucionalista mbokaja», implicando que su crítica provenía de un rencor personal. Estigarribia había elaborado un análisis detallado sobre las razones que hacen su juramento inválido.
Paredes, en respuesta a las descalificaciones, lamentó que la representatividad de la bancada cartista no se haya visto reforzada tras la reciente salida de Hernán Rivas, sugiriendo que el nuevo integrante poco aporta al diálogo constructivo.
El resultado de esta disputa fue la aprobación del acta que formaliza el juramento de Liseras. Con ello, los cartistas y sus aliados no solo ratificaron su decisión, sino que también desestimaron las preocupaciones planteadas por la oposición. La situación deja entrever un ambiente de tensiones políticas, a medida que se intensifica el debate sobre la ética y legalidad dentro del contexto legislativo.