El Consorcio Comitia MSA en el centro de la controversia por la licitación de máquinas de votación
El Consorcio Comitia MSA ha sido adjudicado para el arrendamiento de máquinas de votación en las próximas elecciones internas y municipales, pero su relación con el Grupo Vázquez y las irregularidades en la licitación generan alarma. La situación ha desencadenado una investigación por supuestas prácticas desleales en el proceso de evaluación.
La primera licitación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reveló la cercanía entre Comitia MSA y el Grupo Vázquez SAE, exsocio comercial del presidente Santiago Peña. Dos abogados del estudio jurídico de Eduardo Gross Brown, director suplente de Ueno Bank, actuaron como representantes de la firma. Sin embargo, sus nombres desaparecieron de los registros en la segunda llamada.
Los abogados involucrados, Pablo Debuchy y Franco Boccia, tienen conexiones directas con el Grupo Vázquez. Debuchy fungió como síndico titular de Ueno Bank y de otras firmas del grupo hasta 2023, algo que plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso de licitación.
El Consorcio fue descalificado en la primera licitación por sustituir una pantalla de una de las máquinas durante la prueba técnica, según el informe del Comité de Evaluación del TSJE. Esta acción fue catalogada como un intento de «burlar» la evaluación del equipo, y se registró en el documento oficial.
A pesar de la gravedad de estas acciones, el TSJE no tomó medidas sancionadoras. No hubo denuncias ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ni se ejecutó la póliza de fiel cumplimiento, tal como exigía el Pliego de Bases y Condiciones. En cambio, se optó por modificar las condiciones para favorecer a Comitia MSA con un contrato valuado en aproximadamente 35 millones de dólares.
El dictamen que se emitió sobre el caso recomendó remitir la situación al Departamento de Sumarios para determinar la responsabilidad administrativa de Comitia MSA bajo la Ley N° 7021/2022, que regula los Suministros y Contrataciones Públicas.
La situación ha suscitado críticas desde diversos sectores que demandan un proceso más riguroso y transparente para el arrendamiento de los equipos de votación. La comunidad está a la espera de los resultados de la investigación que podría arrojar luces sobre este asunto polémico.