14 de julio de 2026 a la – 10:46
Carlos María Soler, exdiputado condenado a cuatro años por corrupción, recibirá tratamiento psicológico en prisión y participará en un programa de reinserción laboral.
El juez Carlos Mendoza ha decidido que Carlos María Soler, exgerente de Créditos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), cumpla su condena en un ambiente donde reciba atención psicológica y participe en actividades que favorezcan su reinserción social. Sin embargo, estará bajo vigilancia y cumplirá su pena en el penal.
Las disposiciones del juzgado incluyen que Soler debe integrarse a un programa específico de capacitación laboral, lo que le permitirá adquirir competencias mientras cumpla su condena. La decisión fue tomada pese a la oposición del Ministerio Público, que argumentó la falta de bases para tal promoción.
El Auto Interlocutorio N° 132, emitido el 14 de julio de 2026, enfatiza que el tratamiento penitenciario debe ser integral, abarcando aspectos educativos, terapéuticos y disciplinarios. Esta medida busca facilitar el proceso de reintegración de los internos a la sociedad.
Condición de salud y apelaciones
La defensa de Soler había argumentado que las condiciones dentro del penal eran perjudiciales para su salud y que no recibía la atención médica necesaria, exponiéndolo a un posible riesgo de muerte. Como resultado, solicitó la posibilidad de que cumpla su pena en arresto domiciliario.
No obstante, los magistrados que revisaron la apelación —Jesús Riera, Paublino Escobar y Camilo Torres— concluyeron que la salud de Soler no estaba en riesgo y que no había justificación suficiente para conceder el beneficio del arresto domiciliario, que ya había sido negado anteriormente.
Antecedentes de la condena por corrupción
Carlos María Soler fue condenado a una pena de cuatro años el 24 de julio de 2024, tras el rechazo de un recurso de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia. En el juicio que concluyó en julio de 2022, se demostraron sus implicaciones en un fraude relacionado con el Indert.
La investigación reveló que en el año 2019, tanto Soler como su coacusado, Enrique Gómez de la Fuente, solicitaron 125,000 dólares al empresario Albino Méndez a cambio de anular la revocación de adjudicación de un gran inmueble en el Chaco.
La decisión de Mendoza de permitir el tratamiento psicológico y actividades de capacitación refleja un esfuerzo del sistema penitenciario por ofrecer oportunidades de rehabilitación a los condenados por delitos de corrupción.