El asesor legal de Atome PLC, Jorge Gross Brown, aclaró en una reciente entrevista que el reclamo realizado por la empresa ante el Estado paraguayo se basa en el tratado bilateral de inversión entre Paraguay y el Reino Unido, y no en el contrato de 2022 con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Atome notificó su controversia el 17 de septiembre, enfatizando que el reclamo es contra la República del Paraguay y no contra una entidad específica.
Gross Brown respondió a las afirmaciones de que Atome no tiene fundamentos para reclamar debido a la falta de un contrato con el Gobierno, citando al ex presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien había declarado que la empresa «no tiene nada que reclamarle a la ANDE». El asesor legal subrayó que para el arbitraje solo es necesario demostrar promesas y compromisos que llevaron a la inversión, respaldándose en notas intercambiadas y en la licencia Power to X otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio.
Las conversaciones entre Atome y el Estado se llevaron a cabo a diferentes niveles, aunque Gross Brown evitó nombrar a funcionarios específicos. Confirmó que desde la notificación no ha habido más contacto con las autoridades, y destacó la importancia de la participación de altos funcionarios en un proyecto de tal magnitud. Insistió en que el reclamo ante el CIADI no está dirigido a individuos, sino que es un problema institucional relacionado con la seguridad jurídica.
El abogado indicó que la inversión privada en una planta de hidrógeno verde en Villeta asciende a aproximadamente 1.000 millones de dólares. Desde 2021 y 2022, Atome ha realizado contrataciones, adquirido terrenos y negociado acuerdos, aunque no se han definido montos específicos debido a que se busca agotar las instancias de negociación. Gross Brown justificó que la operación, prevista para 2025, se ha retrasado por el diseño de la planta y las negociaciones necesarias.
Atome tenía un contrato firmado el 3 de mayo de 2022 bajo el Pliego 21, pero la derogación de un decreto que establecía un régimen especial para industrias como la suya en junio pasado generó preocupación en la empresa. Gross Brown consideró que esta situación refleja una falta de seguridad jurídica y aseguró que no buscan politizar el asunto ni señalar responsables.
Respecto a la tarifa, el asesor legal negó que Atome busque privilegios y solicitó una tarifa industrial sostenida en el tiempo. Admitió que el contrato de 2022 permite cambios en las tarifas, lo que ha generado inquietud entre los financiadores del proyecto. La empresa propuso tarifas que, según Gross Brown, cumplen con los márgenes legales establecidos.
Finalmente, Gross Brown rechazó que la notificación sea un intento de presión, explicando que es un paso necesario para no perder el derecho a reclamar. Señaló que, tras la notificación, no ha habido contacto con el Gobierno y solicitó definir un plan de trabajo claro para el proyecto. Actualmente, Atome cuenta con siete empleados en Paraguay, y el asesor legal confía en que la planta generará oportunidades laborales y atraerá a otras industrias.