Dévora Jara, una clienta de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se encuentra en una complicada situación tras ser reportada como morosa ante Equifax, lo que ha generado un conflicto legal en torno a su propiedad en Villa Elisa. La inclusión de usuarios morosos en registros crediticios por parte de la ANDE comenzó el 13 de julio de 2023, según explicó el abogado Hugo Vergara, quien representa a Jara.
Jara adquirió la finca en cuestión mediante la escritura N.º 199 del 14 de diciembre de 2021. Desde entonces, el inmueble ha estado ocupado de manera precaria por una mujer, lo que ha llevado a Jara a demandarla por reivindicación. Aunque un juzgado civil de Lambaré le dio la razón en primera y segunda instancia, el desalojo se encuentra detenido debido a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la ocupante.
El 31 de agosto de 2026, Equifax registró a Jara con una deuda de G. 10.796.000 con la ANDE, activando el reporte el 22 de julio de ese año. Posteriormente, el 16 de septiembre, Che Duo Préstamos le negó un préstamo de G. 10 millones por su «morosidad en otra entidad», lo que complicó aún más su situación, ya que Jara necesitaba el dinero para gastos médicos de un familiar.
La deuda tiene su origen en un suministro que estuvo a nombre de Gustavo Diez Pérez, el anterior propietario. En un acuerdo homologado el 4 de julio de 2022, Diez Pérez se comprometió a fraccionar la deuda de electricidad. Sin embargo, se alega que la ocupante falsificó su firma para solicitar un nuevo fraccionamiento en abril de 2025. Este hecho ha llevado a la apertura de dos causas penales por documentos no auténticos.
El 4 de junio de 2025, la ANDE emitió un documento que designó a la ocupante como «Responsable de Pago”. La asesora legal de la ANDE, Adriana Texeira, indicó que Jara es la titular del contrato de suministro y firmó un acuerdo de pago en el que autorizó el reporte de su deuda en caso de mora. El acuerdo preveía un fraccionamiento de G. 13.418.731, pero, según Texeira, esta deuda no fue cumplida, lo que generó un saldo total de G. 21.735.677 al 25 de septiembre de 2026.
Jara, por su parte, sostiene que nunca firmó ni autorizó el fraccionamiento que habilitó el reporte a Equifax. Vergara argumenta que el consentimiento debe ser «expreso e indubitable», y que la Ley 6534/20 establece que debe ser una manifestación de voluntad «libre, específica, informada e inequívoca». Además, se han presentado varios expedientes ante la ANDE sin respuesta, y el caso ha sido llevado a la Secretaría de Defensa al Consumidor.
El 1 de octubre, el juez Fabián Weisensee dictó una resolución en la que consideró que el registro había sido «rectificado o actualizado», por lo que la acción presentada por Jara se declaró «inoficiosa». Vergara cuestiona que la ANDE haya eliminado la deuda de su base de datos sin claridad sobre quién debe cobrarla, mientras la ANDE sostiene que Jara es responsable de la deuda y evalúa llevar el caso a la justicia.