Carlos «Colorado» Gamarra, exfutbolista de la selección paraguaya, ha formalizado su desvinculación de la Municipalidad de Minga Guazú, donde tenía un contrato como asesor de Deportes por G. 9 millones mensuales. Su salida se produce en un contexto de creciente cuestionamiento a la gestión del exintendente Diego Ríos, quien enfrentó denuncias penales este viernes por presuntos actos de corrupción.
El actual intendente, César Paredes, indicó que Gamarra firmó la rescisión del contrato el pasado lunes, tras ser notificado. Este movimiento ha generado sorpresa en la comuna, dado que mientras muchos funcionarios acumulan meses de salarios no pagados, el exfutbolista recibió puntualmente su salario. Paredes también destacó que el exintendente Ríos continuó cobrando su salario e incluso recibió el aguinaldo correspondiente antes de dejar su cargo.
Con el objetivo de esclarecer la situación financiera de la gestión anterior, Paredes solicitó una auditoría general al contralor general de la República, Camilo Benítez. Además, presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), señalando posibles delitos de exacción, estafa y operaciones fraudulentas.
Varios factores contribuyen a la crítica situación que enfrenta la actual administración. Se estima que Paredes heredó una deuda de G. 25.000 millones, equivalente a la mitad del presupuesto municipal proyectado para 2027. Los funcionarios municipales no han recibido pago desde junio, lo que refleja la delicada situación económica que impera en la institución.
El intendente también observó una elevada cantidad de personal en la nómina, con 350 funcionarios registrados, de los cuales alrededor de 80 presentaron su renuncia inmediatamente después de su asunción. Paredes mencionó que la escasez de personal es alarmante, especialmente en funciones de limpieza, donde solo se encontraron cuatro trabajadores, cifra insuficiente para una ciudad del tamaño de Minga Guazú.
«Nos dejaron la casa en ruinas, muchas deudas, una ciudad abandonada, oscura y sucia. Estamos muy preocupados, pero confiados en que vamos a sacar esto adelante», expresó Paredes sobre la situación que ha heredado.
Además, se han detectado irregularidades como la anulación de 1.305 facturas, que totalizan aproximadamente G. 8.000 millones. También se informó que las habilitaciones vehiculares y las licencias de conducir estaban siendo impresas fuera de la municipalidad, utilizando máquinas ubicadas en un local externo.
Ante estas irregularidades, Paredes ha indicado que la administración actual reconocerá los recibos que los contribuyentes presenten con sus facturas originales. No obstante, aquellos que no cuenten con este respaldo deberán realizar nuevamente el pago para obtener sus documentos.
