Las cajas de jubilaciones y pensiones estiman haber perdido cerca de US$ 700 millones tras el colapso de Ueno Bank, lo que ha generado preocupación entre los jubilados. Esta cifra incluye US$ 517 millones depositados por el Instituto de Previsión Social (IPS), así como aportes de otras cajas, como la de Itaipú, la Caja Bancaria y la de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El gremio Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPy) anunció que están redactando un proyecto de ley de emergencia financiera con el objetivo de proteger estos fondos jubilatorios. El representante de UNJPy, Pedro Halley, destacó que esta iniciativa busca que el Estado garantice la devolución de los fondos perdidos, a pesar de que el presidente del Banco Central del Paraguay, Jorge Schreiner, mencionó que se han encontrado US$ 600 millones en “activos sanos” en la entidad bancaria intervenida.
Halley enfatizó la necesidad de que el Estado emita instrumentos financieros para asegurar que las cajas previsionales puedan cobrar lo que les corresponde. “Las cajas necesitan recuperar su dinero ahora; el Estado tiene que actuar como garante del sistema previsional”, afirmó.
Los jubilados también cuestionan la naturaleza de los “activos sanos” mencionados y exigen que se concrete la restitución de su dinero de inmediato. Halley subrayó que este tema es de urgencia, ya que los jubilados han aportado efectivo a lo largo de su vida laboral y no quieren esperar por subastas de propiedades que podrían tardar años.
Además, desde UNJPy, los jubilados planean presentar una solicitud para que el presidente Pedro Alliana promueva medidas que aseguren la pronta restitución de los fondos, advirtiendo que la situación podría agravarse. La propuesta oficial se presentará en un lapso de 24 a 48 horas.
Por otro lado, el gremio también busca la destitución del Consejo de Administración del IPS, argumentando que los directivos responsables de la situación actual deben ser removidos. Halley cuestionó la permanencia de autoridades que, según él, no han tomado medidas adecuadas ante la crisis, anticipando que los jubilados podrían ver reducidos sus beneficios si no se logra recuperar el dinero pronto.
Finalmente, un grupo de jubilados ha decidido apoyar un pedido de juicio político contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, debido a la inacción frente a denuncias de corrupción en el IPS. Halley concluyó que es un momento crucial para que se realicen cambios profundos en la institución, más allá de las divisiones políticas.
