El amparo constitucional que resguarda los documentos confidenciales de familiares y allegados del expresidente Santiago Peña y de la exprimera dama Leticia Ocampos permanece en vigencia. El juez Diego Torres señaló que concedió esta medida porque consideró que el periodista Hugo Javier Portillo no tenía la facultad legal para acceder a la información que solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El amparo fue presentado en noviembre de 2025, luego de que Portillo pidiera información sobre las sociedades y empresas en las que los familiares de Peña eran accionistas o tenían roles en la administración. Los recurrentes argumentaron que había un peligro inminente de violación a su derecho a la intimidad y la inviolabilidad de sus documentos, solicitando así que se impidiera la entrega de información considerada reservada.
Sin embargo, el juez destacó que parte de la información solicitada ya estaba disponible en el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública, hecho que no fue conocido en el momento de resolver el caso. Torres expresó que, si tuviera que abordar la cuestión hoy, buscaría mecanismos para permitir la divulgación de la información, considerando el contexto político y judicial complejo que rodea a Peña, quien fue destituido e imputado tras la crisis de Ueno Bank.
El juez indicó que, aunque la resolución que otorgó el amparo sigue vigente, no descarta revisarla si alguna de las partes legitimadas o una entidad competente se involucra en el proceso. Reconoció que revocar el amparo por iniciativa propia sería complicado, pero mantuvo la posibilidad abierta dado el delicado contexto actual.
Torres abordó también las críticas sobre el hecho de que los beneficiarios del amparo son considerados personas políticamente expuestas, lo que conlleva mayores exigencias de transparencia. Afirmó que su decisión se basó en la interpretación del artículo 11 de la Ley N.º 6.446/2019, que rige el acceso a información pública y establece quiénes pueden solicitarla. Rechazó que su decisión fuera un incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Además, el juez confirmó que el MEF no apeló la resolución que otorgó el amparo. Reflexionó que, aunque puedan surgir nuevas interpretaciones tras el paso del tiempo, su decisión debe evaluarse en el marco de las circunstancias que existían en su momento. Torres también reveló que otros políticos han utilizado el amparo constitucional para frenar la divulgación de información, aunque no proporcionó mayores detalles sobre esos casos.
