Ecuador enfrenta crisis energética y desconfianza institucional en medio de inseguridad y corrupción
La capital ecuatoriana y varias provincias del país han sufrido cortes eléctricos repentinos y prolongados en las últimas semanas, evidenciando una crisis energética que afecta la vida diaria de millones de ciudadanos. El 14 de octubre en Quito, Natalia Peñaherrera vivió en carne propia las consecuencias de uno de estos apagones cuando la energía se cortó en su barrio por más de dos horas, poniendo en riesgo la salud de su abuela, quien depende de una máquina de oxígeno.
El gobierno de Daniel Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, ha implementado restricciones eléctricas para racionar la disponibilidad de agua en los embalses hidroeléctricos, incluyendo desconexiones industriales de hasta tres días consecutivos semanales. Sin embargo, la falta de información clara sobre los apagones ha generado incertidumbre y preocupación entre la población, especialmente para quienes requieren equipos médicos permanentes.
Esta problemática energética se suma a un contexto de creciente inseguridad, marcada por estados de excepción y toques de queda que buscan frenar el avance del crimen organizado. Según una encuesta reciente del Latinobarómetro, la confianza de los ecuatorianos en el sistema público es baja: solo un 16% expresa satisfacción con los hospitales, y un 11% con el sistema de justicia nacional. Además, menos del 20% considera que el Estado ha proporcionado apoyo significativo en los últimos tres años.
La percepción ciudadana también está afectada por la corrupción, reflejada en escándalos como el del caso Progen, donde el Estado pagó 104 millones de dólares por generadores supuestamente nuevos que resultaron usados. A pesar de las denuncias y la presión social, las investigaciones no han derivado en sanciones políticas relevantes, alimentando la desconfianza. La mayoría de la población (82%) duda de la correcta gestión de sus impuestos.
Simultáneamente, la burocracia estatal continúa siendo un desafío para los ecuatorianos, quienes enfrentan trámites largos y complejos para obtener servicios básicos, desde licencias de conducir hasta citas médicas. La necesidad de “palancas” o contactos para agilizar procesos es un mecanismo común que refleja la inequidad y deficiencia institucional.
Ante el panorama de inseguridad, corrupción y precariedad en servicios esenciales, muchos ciudadanos contemplan la migración como una alternativa. Sin embargo, la desaprobación hacia el sistema democrático tradicional y las instituciones es notable: el 88% no se siente representado por el Congreso y una parte importante cuestiona la viabilidad misma del modelo democrático.
En un país donde incluso el acceso básico a la electricidad puede determinar la vida o muerte de un paciente, la crisis multifacética que vive Ecuador pone de manifiesto desafíos estructurales que exigen respuestas urgentes. Mientras tanto, la población continúa enfrentando las dificultades cotidianas con limitada confianza en sus instituciones.
