El economista Wildo González ha comentado sobre el reciente reporte de Fitch Ratings, que mantiene la calificación soberana de Paraguay en BB+. González argumenta que los problemas institucionales identificados por la agencia han persistido durante años, y hasta el momento, los esfuerzos por corregirlos han sido escasos. Sin embargo, sostiene que estos problemas no han actuado como un obstáculo directo para el crecimiento económico ni deberían afectar significativamente las proyecciones de organismos internacionales a mediano plazo.
González destaca que la calidad de la gobernanza, un aspecto clave en el modelo de Fitch que coloca a Paraguay en el percentil 39 de los indicadores del Banco Mundial, tiene un impacto directo en la calificación crediticia. Aunque el manejo macroeconómico ha sido adecuado, para lograr un grado de inversión, Fitch requiere mejoras sostenidas en gobernanza y control de la corrupción. Según el economista, la calidad institucional será aún más relevante a medida que el país progrese en su desarrollo.
En relación con los proyectos privados, González menciona el caso de Paracel, señalando que la incertidumbre se debe a la necesidad de capital en un contexto de tasas de interés elevadas. Con una tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos superior al 5%, acceder a financiamiento internacional se complica. En contraste, el conflicto entre el Gobierno y Atome sobre el precio de la electricidad revela fallas institucionales en la organización del sector eléctrico y el papel de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El economista también aborda la acumulación de compromisos con proveedores, que asciende a aproximadamente US$ 1.300 millones, y la reciente postergación de la convergencia fiscal. González sugiere que la regla fiscal actual necesita una actualización, excluyendo la inversión pública de su cálculo, ya que el ajuste fiscal ha impactado negativamente en la inversión pública y, por ende, en el crecimiento potencial del país.
Respecto a la credibilidad fiscal, advierte que la falta de control sobre los compromisos de gasto ha llevado a atrasos significativos, lo que afecta la capacidad del país para financiar el déficit y obtener una calificación de grado de inversión. A pesar de que alcanzar un tercer grado de inversión sería beneficioso, González considera que no es el único factor determinante para atraer inversiones a largo plazo. Las reformas pendientes en áreas como la Caja Fiscal, el Instituto de Previsión Social y el sistema de salud son cruciales para mejorar la situación.
Finalmente, sobre el crecimiento económico, Fitch Ratings proyecta una desaceleración desde un 4,5% en 2026 hacia tasas cercanas al 4%. González ve esta tendencia como comprensible dadas las condiciones externas, pero también alerta sobre el riesgo de que las tensiones políticas internas puedan derivar en un crecimiento inferior al 4%, e incluso por debajo del 3% en los próximos años.